El pleno de los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional deberá decidir sobre la extinción de la acción penal planteada por el exdirector del Instituto Agrario Dominicano, Jaime Rodríguez Guzmán, su esposa y un hermano acusados de apropiación de terrenos en Bahía de las Águilas.
Así lo decidió el pleno de la Suprema Corte de Justicias, tras acoger un recurso de casación presentado por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, en contra de la decisión de la presidenta del tribunal colegiado que declaró la extinción de la acción penal.
En su sentencia, la Suprema Corte de Justicia sostiene que el presidente del tribunal tiene facultad para conocer y decidir los incidentes, pero que la extinción de la acción penal no puede considerarse como un incidente, sino como una cuestión prejudicial que afecta el fondo del proceso.
La decisión del tribunal se produce luego de que la última audiencia se reservara el fallo sobre un recurso de casación presentado en contra de la decisión que declaró extinguida la acción penal.
En la instancia, la fiscal argumentó que la presidenta de la tribunal colegiado Gissell Méndez decidió sobre el incidente de declarar extinguida la acción penal, cuando esa era una facultad de los tres jueces que integran el tribunal.
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