sábado, 25 de octubre de 2014

Advierte la RD debe respetar fallo Corte

SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de la República Dominicana calificó como “justa y apegada al derecho internacional de los derechos humanos”,  la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)  que condena al Estado dominicano por el caso de personas expulsadas del país.
La CNDH emitió una larga declaración escrita ALMOMENTO.NET, firmada por el doctor Manuel María Mercedes Medina, en la que hace un análisis de la sentencia y sus consecuencias.
El texto completo de la declaración es el siguiente:
"La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)  valora como justa y apegada al derecho internacional de los derechos humanos,  la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) del 28 de agosto del 2014 con la que ha sido condenado el Estado dominicano “en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. República Dominicana” por las siguientes violaciones de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
Violación al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), violación al reconocimiento de la nacionalidad (artículo 20) y del  nombre (artículo 18),  violaciones el derecho a la identidad, a la libertad personal (artículo 7), de circulación y de residencia (artículo 22.1, 22.5 y 22.9), garantías judiciales (artículo 8.1), protección judicial (artículo 25.1), protección a la familia (artículo 17.1), y protección de la honra y de la dignidad en relación con la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada y familiar (artículo 11.2).
Cabe resaltar además que la Corte verificó que  “al menos en la época de los hechos del presente caso, durante un período cercano a una década a partir de 1990, en República Dominicana existía un patrón sistemático de expulsiones” y que “los hechos del presente caso se insertaron en un contexto en que, en República Dominicana, la población haitiana y las personas nacidas en territorio dominicano de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban en situación de pobreza y sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad”.
Como institución defensora y promotora de los derechos fundamentales del pueblo dominicano y de los seres humanos, hemos constantemente denunciado esta situación en todas las instancias nacionales e internacionales.
Considerando que la República Dominicana ha firmado y ratificado la Convención americana sobre derechos humanos del año 1969 (Pacto de San José),  valoramos como extremadamente grave esta sentencia emitida por la CIDH, que una vez más,  condena nuestro Estado por graves violaciones de los derechos humanos.
Agregamos,  que vista la situación respecto a las violaciones de los derechos humanos, situación  que cada año se deteriora siempre más,  y vistas las reiteradas denuncias que estamos presentando ante los organismos internacionales, tanto respecto a la  sentencia del Tribunal Constitucional No. TC/0168/13 y los artículos 6, 8 y 11 de la Ley No. 169-14, que de acuerdo a cuanto dictado por la CIDH “resultan violatorios de la Convención Americana” , cuanto respecto a  las ejecuciones extrajudiciales y  las desapariciones forzadas, no cabe la menor duda que el Estado dominicano se encontrará a menudo en el banquillo de los acusados por graves violaciones de  los derechos humanos, a menos que nuestros gobernantes y nuestras instituciones no cambien el rumbo de las cosas y opten por administrar el país bajo un efectivo y real Estado Social y Democrático de Derecho,  como establecido en nuestra Constitución en su artículo N.7
Lamentamos que al fin le toque al pueblo dominicano pagar de su bolsillo por esta conducta irresponsable ya que la sentencia de la CIDH  dicta también medidas económicas que tienen  que ser respetadas por el Estado.
Finalmente,  instamos las autoridades a no escuchar las voces de presuntos “nacionalistas” que llaman a la salida del país  de los que son universalmente reconocidos como los mecanismos internacionales de protección de los  derechos humanos, ya que estar bajo el amparo de estos organismos nos inserta a pleno título en la que se define “comunidad internacional”.

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