BOGOTA. - Una alta corte ordenó ayer la salida de siete bases militares colombianas de todo el personal de Estados Unidos que ingresó a esas instalaciones en virtud de un acuerdo firmado con Bogotá en octubre del 2009.
Pero la Corte Constitucional aclaró que, si ese personal militar estadounidense está en el país en otras instalaciones y por otros acuerdos anteriores al 2009, podrá permanecer. Con el fallo, militares o contratistas estadounidenses podrían entonces simplemente cambiar de instalaciones: de las que están en el convenio del 2009 a las que están en acuerdos anteriores.
La decisión fue tomada por seis votos a favor y tres en contra de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, la máxima instancia para dirimir asuntos de la Carta Magna.
En una conferencia de prensa en la sede del tribunal, el magistrado Mauricio González, presidente de la Corte Constitucional, dijo que con la decisión, el acuerdo ahora es enviado al presidente Juan Manuel Santos para que decida si lo manda al Congreso.
El magistrado Jorge Iván Palacios, quien redactó el proyecto de fallo votado en la jornada, alegó que el convenio de cooperación con Estados Unidos era inconstitucional porque debió pasar por la aprobación del Congreso.
Santos cuenta con mayoría en las cámaras legislativas, por lo cual conseguiría la aprobación del acuerdo.
El magistrado González dijo que ni sabía ni era asunto de la Corte saber cuántos militares o contratistas civiles estadounidenses están actualmente en las siete bases.
Los efectos del fallo de la Corte son que “aquella presencia de personal extranjero, militar por ejemplo, al amparo de los acuerdos del 2009 no pueden seguir permaneciendo (en las bases), a menos que estén previstos ...en desarrollo (o en consecuencia) de acuerdos anteriores a 2009, caso en el cual si pueden permanecer”, dijo González.
El gobierno del nuevo mandatario Juan Manuel Santos, que asumió el cargo el 7 de agosto, dijo este martes que acataba el fallo de los jueces.
Las bases
Las instalaciones amparadas por el acuerdo del 2009 eran, entre otras, las de Palanquero, a unos 100 kilómetros al noroeste de Bogotá, así como tres bases de la fuerza aérea y de la armada en la costa del Pacífico y en el Caribe. Santos, que fue ministro de Defensa del 2006 a principios del 2009, siempre defendió el convenio, asegurando que buscaba “mejorar nuestra capacidad para luchar contra el narco”.
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