El anuncio del presidente Leonel Fernández de que serían bloquedas las señales inalámbricas en las cárceles a fin de evitar que los internos ordenen acciones delictivas desde teléfonos celulares o computadoras, al parecer fue una respuesta apresurada para satisfacer a los receptores que le exigen acciones contundentes para garantizar la seguridad ciudadana.
La apreciación es del reconocido especialista en tecnología, ingeniero Hidekel Morrison, quien dijo que sería interesante presenciar la implementación de la medida, aunque se preguntó de inmediato qué tan factible sería en realidad su aplicación.
Este lunes el procurador de la República, Radhamés Jiménez Peña, adelantó que por orden del Presidente, “a partir de este momento deshabilitarán las parábolas, internet y otros aparatos que sirven para la transferencia de datos en las cárceles”.
El portal Z101digital.com consultó al experto en tecnología, quien aseguró que instalar un bloqueador en una cárcel nacional no se puede hacer en menos de un año.
“En el proceso de licitación te lleva entre dos o tres meses; el estudio de alcance, perímetro y capacidad en el centro son como seis o siete meses; elegir el equipo, comprarlo y esperar que llegue al país te lleva como un mes, y configurarlo para que funcione a la medida que se quiere también conlleva tiempo. Hablamos de más de un año en una sola cárcel”, detalló.
Explicado ese punto, el actual mandatario nacional no tendría posibilidades de inaugurar el primer dispositivo bloqueador porque a su gobierno solo le restan once meses para finalizar.
Según Morrison, el precio de estos equipos oscila entre los US$1,000 y US$1,500 cada uno. Hay otros más económicos que sirven para bloquear áreas de pocos metros cuadrados.
Señaló que estos aparatos lo que hacen es cortar las señales inalámbricas que pueda salir de la zona acordada, por lo que ninguna persona a lo interno de la prisión, incluyendo militares, personal administrativo y visitantes, podrían usar celulares inteligentes o computadoras.
El experto en la materia apuntó que lleva más de seis años sugiriendo este tipo de medidas al Estado y nunca le han hecho caso, por lo que entiende que la actitud de hacerlo ahora es solo cuestión política.
“En dos o tres meses usted verá que eso se olvida. Yo tengo muchos años hablando de eso y nunca ha pasado nada”, afirmó.
Reveló que hace un año se reunió con el Procurador para tratar ese tema y que el funcionario le prometió sugerirlo al Poder Ejecutivo. Todavía Morrison espera la llamada de Jiménez Peña para informarle de lo tratado con el jefe del Estado sobre el particular.
Para el consultado, la respuesta de las autoridades le generan pena porque “se demuestra que no hay una visión oportuna de la seguridad penitenciaria”.
Otra opción
Lo que se podría ejecutar para agilizar el proceso es declarar la situación en emergencia y realizar la licitación antes de culminar el mes. Con ese paso hecho, realizarían un estudio “al vapor” en dos meses y el artefacto lo mandarían a buscar durante ese tiempo.
“Hablamos de seis meses para instalar un bloqueador que se lleva mínimo un año si se hace con todos los pasos legales que conlleva y bajo el tiempo reglamentado para que sea una labor de calidad", concluyó.
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