El procurador general de la República, y el procurador para el sistema energético, exhortaron a los jueces del país ser más drásticos al momento de conocer medidas de coerción o juicio de fondo en contra de personas acusadas de cometer fraudeeléctrico.
El jefe del ministerio público, Radhamés Jiménez Peña, y el procurador para el sistema energético, Moisés Ferrer, consideraron que los jueces deben poner por encima el interés general de la sociedad ante simples cuestiones procesales.
Ambos funcionarios hablaron del tema luego de concluir el acto donde se anunció la realización de un diplomado para capacitar a fiscales, representantes del Ministerio Público y personal técnico en la persecución del fraude eléctrico, a desarrollarse en la Escuela del ministerio público.
Jiménez Peña dijo que las autoridades del ministerio público y del poder judicial deben ser más drásticas y pensar que hay una sociedad que está ahí, que luce indefensa, por lo que a su juicio los jueces deben ser más comedidos a la hora de tomar cualquier tipo de decisión.
Sostuvo que cuando un tribunal deja en libertad a una persona acusada de cometer ese tipo de infracción deja un mensaje negativo para la sociedad y sobre todo para el cuerpo del ministerio público que tiene la carga de la persecución penal en el país.
Manifestó que el ministerio público es muy respetuoso del Poder Judicial, pero que frente a determinadas acciones que entiende contraproducente, elevan su voz de protesta, como lo ocurrido la pasada semana, cuando una jueza dejó en libertad a una persona que agredió a un fiscal adjunto de Santiago, enviándole una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía.
De su lado, Moisés Ferrer dijo esperar que los jueces tomen conciencia y endurezcan las penas y las medidas de coerción en los casos de fraudeeléctrico, aunque reconoció que en los casos de los derribos de Torres Eléctricas los jueces han sido más drásticos y al igual que los fiscales.
Manifestó que los tribunales tienen que medir la dimensión del daño que causan las personas acusadas del robo de la energía eléctrica, la que a sujuicio deja pérdida económica millonaria y de vida humana.
Dijo que algunos de los imputados a los que se les dicta prisión preventiva, se le varía a los pocos días por garantía económica, impedimento de salida y presentación periódico.
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