Así lo dejó saber este domingo el periodista César Medina, en un trabajo especial que publicó en su edición de la fecha el decano de la prensa dominicana, Listín Diario, que recoge abundantes elementos que según el embajador dominicano en España serían usados como argumentos para enjuiciar a Domínguez Brito.
Según la información, se trata de un procedimiento constitucional que sería llevado a cabo en el transcurso de esta semana a cargo de un grupo de legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, apoyado por diputados y senadores aliados al oficialismo.
La acción contra Domínguez Brito radicaría básicamente en acusarlo de utilizar de manera abusiva y arbitraria sus funciones de procurador general de la República para promover sus aspiraciones presidenciales, en franca violación del artículo 171 de la Constitución dominicana.
Dicho artículo establece que “La función de representante del ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docencia, y mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones no podrán optar por ningún cargo electivo público ni participar en actividad político partidista”.
Advierte que la violación de dicho mandato constitucional se tipifica como prevaricación, un delito que se hace susceptible a la destitución, a la acción penal y a la degradación cívica.
El Senado tiene facultad para iniciar esa interpelación, dice César Medina en su entrega, la que también consigna que el juicio político contra Domínguez Brito igualmente conseguiría que el Colegio Dominicano de Abogados le suprima el exequátur para ejercer el oficio de derecho.
El productor y líder del programa televisivo Hoy Mismo refiere en su crónica que existen pruebas documentales, imágenes en video, fotografías y testimonios que comprometen al jefe del Ministerio Público en actividades políticas partidarias.
La sanción congresual a Domínguez Brito conllevará, además de la acusación de prevaricación por violar el artículo 171 de la Constitución, también de los numerales 5 y 6 de la Ley Orgánica que rige el Ministerio Público.
La ley orgánica 133-11 del Ministerio Público, establece en uno de sus considerandos, lo siguiente:
“(...) La Constitución establece un sistema de carrera para garantizar la permanencia de sus integrantes hasta los 75 años de edad y proscribe que estos participen en actividades políticas partidarias”.
El proceso incluiría interpelar, por parte del Congreso Nacional, a un centenar de procuradores adjuntos, fiscales o ayudantes de fiscales nombrados por Domínguez Brito en casi todos los municipios del país, contra quienes se presentarían pruebas de que forman parte de la estructura política de su jefe y que participan en la campaña por su nominación presidencial.
César Medina asegura que existen “pruebas por montones” para interpelar al procurador Domínguez Brito en ambas cámaras del Congreso y por vía de hecho solicitar su destitución y sometimiento a los tribunales bajo la acusación de prevaricación.
Conforme a su escrito, circulan imágenes de televisión y fotografías en las que el procurador general de la República juramenta a sus equipos de campaña en varias jurisdicciones del país que se comprometen a impulsar su “candidatura presidencial” en el 2016, así como grabaciones de audio que despejan cualquier duda sobre sus propósitos electorales.
También dice que una de las razones que sustentan la interpelación a Domínguez Brito de parte de influyentes legisladores del PLD y grupos aliados, es “la intención marcada” de desacreditar las administraciones de ese partido y particularmente la de Leonel Fernández.
Agrega que “Ahora es contra Félix Bautista... Más adelante será directamente contra Leonel Fernández y luego vendrá por la cabeza de Danilo... Porque su fin es derribar la estructura de poder que ha construido el PLD”.
Afirma que a Domínguez Brito lo llevarán ante las barras del Congreso Nacional, primero a la Cámara de Diputados, y luego al Senado de la República, donde se exhibirán en detalles las pruebas que le incriminan en actividades políticas partidarias que le están vedadas por la Constitución y por la ley orgánica del Ministerio Público.
(Se llama prevaricación al delito que consiste en que una autoridad comete alguna acción arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que se trata de algo injusto. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. En otras palabras, se trata de un abuso de autoridad que está sancionada penalmente.)´
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