Aseguró que la incorporación en la Constitución de cuestiones vitales como: principios rectores del régimen económico, el plan de ordenamiento territorial, el Consejo Económico y Social, crecimiento sostenible, promoción de iniciativas económicas populares, Estrategia de Desarrollo y Plan Nacional Plurianual, tienen su raíz en la cláusula del Estado social y deben permear las políticas públicas dominicanas, logrando crear “igualdad real para la libertad”.
Recordó que el artículo 7 de la Constitución dominicana al proclamar que somos un Estado social y democrático de derecho, como diría García Pelayo “incluye en sus objetivos un nuevo orden económico y social, compatible con los derechos cívicos y la igualdad legal política, ya consagrados.”
Ray Guevara habló en ese sentido al participar en la jornada de reflexión “El Rol de las Altas Cortes en un Estado Social y Democrático de Derecho”, evento organizado por la Universidad APEC en el marco del 50 aniversario de esa casa de altos estudios.
Sostuvo que si el poder jurisdiccional no cuenta con los recursos económicos suficientes para desarrollar a cabalidad sus labores, no se garantiza la independencia de cada uno de los órganos que lo conforman: Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Electoral.
Ray Guevara en una nota enviada a END, explicó que precisamente, garantizar la independencia de un poder árbitro y sancionador fue la razón del legislador dominicano para adoptar el 28 de julio del año 2004 la Ley 194-04, que en su artículo 3 establece lo concerniente al presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Sostuvo que el legislador dispuso en la ley que esos presupuestos serán de por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de la Nación.
El magistrado Ray Guevara dijo que el Tribunal Constitucional Dominicano, en su sentencia número 305/14 hizo suya las consideraciones de la Sala Constitucional de Costa Rica, en el sentido de que la autonomía presupuestaria garantiza una amplia libertad de acción en la elaboración de los presupuestos de cada uno de estos órganos.
Afirmó ese es justamente el espíritu del artículo 118 de la Ley Orgánica del TC y de los Procedimientos Constitucionales, número 137-11, al establecer que “el proyecto del presupuesto anual del Tribunal Constitucional es presentado ante el Poder Ejecutivo dentro del plazo que establece la ley sobre la materia”.
Dijo que el mismo debe ser incluido ¨en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado y es sustentado por el Presidente del Tribunal ante el Congreso Nacional” y que de no respetarse la autonomía presupuestaria de los órganos constitucionales, las bases del Estado Social y Democrático de Derecho quedarían desvirtuadas.
Detalló la importancia del nacimiento del TC y sus diferencias con las otras altas cortes, precisando que le corresponde, en última instancia, la potestad de decir el “derecho de la Constitución” y, en consecuencia, está habilitado para revisar las decisiones jurisdiccionales de las demás: Suprema Corte de justicia y Tribunal Superior Electoral.
Precisó que no basta con establecer una estructura institucional que asegure el acceso oportuno a los Tribunales de la República, sino que además se necesita un cuerpo de jueces independientes e imparciales que asegure “la justicia viva” de la que hablaba Aristóteles en la antigüedad.
La actividad fue organizada por el decanato de Derecho que dirige el magistrado Alejandro Moscoso Segarra y se desarrolló a partir de las 7:00 de la noche de este miércoles 16 de septiembre, en el auditorio Doctor Leonel Rodríguez Rib, del campo principal, Doctor Nicolás Pichardo.
La mesa de honor estuvo integrada, además del magistrado Ray Guevara y el magistrado Moscoso Segarra, por el doctor Radhamés Mejía, rector de la UNAPEC y el licenciado Francisco D´Oleo, vicerrector académico.
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