Estima que unas 100 mil personas murieron entre 1916 y 1978
SANTO DOMINGO.- Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia de la República Dominicana, dedicado a honrar a las víctimas de las dictaduras y la guerra, pidió que se cree una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes de lesa humanidad y las muertes en combate ocurridas entre 1916 y 1978.
Estimaciones del propio museo realizadas a partir de estudios de investigadores locales, publicaciones y denuncias, sitúan en torno a 100, 000 el número de víctimas durante ese período, que incluye la ocupación estadounidense entre 1916 y 1924; el régimen de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), la guerra civil de 1965 y los Gobiernos de Joaquín Balaguer (1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996).
"No tenemos una versión oficial de lo que pasó. No tenemos una Comisión de la Verdad", dijo en declaraciones a Efe Luisa de Peña, quien consideró fundamental para el país "que se sepa qué pasó con los desaparecidos, porque el desaparecido es la evidencia de una sociedad fracasada".
Bajo el régimen de Trujillo, según los datos del museo, fueron asesinadas unas 50.000 personas, aunque 25.000 de ellas desaparecieron, mientras que en el régimen de Balaguer, de acuerdo con un estudio de la Fundación Amaury German Aristy, se calcula que hubo unas 11.000 víctimas, 5.000 de ellas identificadas y el resto desaparecidas.
"Nos queda mucho por recorrer en cuestión de memoria histórica", dijo De Peña, quien reclamó también "una restitución, no económica, sino moral. Hay que pedir perdón a las víctimas", asimismo, recordó que la petición de perdón es algo normal y necesario para paliar el dolor de una sociedad herida.
Se debe "pedir perdón por todas las víctimas: desaparecidos, asesinados, torturados", insistió.
En su opinión, esta solicitud de disculpas no es un asunto personal que deba asumir un Gobierno en particular, sino que "el Estado debe pedir perdón a los ciudadanos porque fue el Estado el que violentó los derechos de los ciudadanos" y por ello, es necesario que "como institución asuma sus responsabilidades".
Además, es necesario, afirmó, "reconocer el aporte de las víctimas a la construcción de la democracia" por medio de su lucha en favor de los derechos del pueblo dominicano.
La restitución debería incluir, además, aspectos como la búsqueda de fosas comunes y la eliminación de "expedientes falsos" que fueron "creados para la persecución" política de opositores.
Las fosas comunes, declaró la experta, están diseminadas por diferentes puntos del territorio dominicano y se cree que a ellas fueron a parar muchos desaparecidos de los centros de trabajos forzados y de exterminio del régimen de Trujillo, mientras que "otros fueron arrojados al mar".
Se conoce la ubicación de algunas de esas tumbas colectivas, pero otras no han sido localizadas y su búsqueda sería una de las tareas de la Comisión de la Verdad.
En cuanto a los expedientes policiales, afectan a ciudadanos que "estuvieron presos, tienen expedientes como delincuentes pero eran presos políticos. Hay cientos de expedientes", manifestó la directora del museo.
El mantenimiento de esos documentos supone "una estigmatización", ya que "hay gente todavía fichada" que no puede conseguir una visa para viajar a ciertos países "porque está en un listado de terroristas por haber participado en el Movimiento de Liberación".
La directora del recinto museístico, perteneciente a la Federación de Fundaciones Patrióticas de la República Dominicana e inaugurado a finales de mayo al cumplirse el 50 aniversario de la eliminación física de Trujillo, opinó que, aunque muchos afectados por estas fichas han pedido su supresión, es el Estado el que debe ocuparse de anularlas.
"Consideramos que no tiene que ser un asunto personal, sino una política de Estado. Es parte de la restitución" que debe ofrecerse a las víctimas, agregó.
Estimaciones del propio museo realizadas a partir de estudios de investigadores locales, publicaciones y denuncias, sitúan en torno a 100, 000 el número de víctimas durante ese período, que incluye la ocupación estadounidense entre 1916 y 1924; el régimen de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), la guerra civil de 1965 y los Gobiernos de Joaquín Balaguer (1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996).
"No tenemos una versión oficial de lo que pasó. No tenemos una Comisión de la Verdad", dijo en declaraciones a Efe Luisa de Peña, quien consideró fundamental para el país "que se sepa qué pasó con los desaparecidos, porque el desaparecido es la evidencia de una sociedad fracasada".
Bajo el régimen de Trujillo, según los datos del museo, fueron asesinadas unas 50.000 personas, aunque 25.000 de ellas desaparecieron, mientras que en el régimen de Balaguer, de acuerdo con un estudio de la Fundación Amaury German Aristy, se calcula que hubo unas 11.000 víctimas, 5.000 de ellas identificadas y el resto desaparecidas.
"Nos queda mucho por recorrer en cuestión de memoria histórica", dijo De Peña, quien reclamó también "una restitución, no económica, sino moral. Hay que pedir perdón a las víctimas", asimismo, recordó que la petición de perdón es algo normal y necesario para paliar el dolor de una sociedad herida.
Se debe "pedir perdón por todas las víctimas: desaparecidos, asesinados, torturados", insistió.
En su opinión, esta solicitud de disculpas no es un asunto personal que deba asumir un Gobierno en particular, sino que "el Estado debe pedir perdón a los ciudadanos porque fue el Estado el que violentó los derechos de los ciudadanos" y por ello, es necesario que "como institución asuma sus responsabilidades".
Además, es necesario, afirmó, "reconocer el aporte de las víctimas a la construcción de la democracia" por medio de su lucha en favor de los derechos del pueblo dominicano.
La restitución debería incluir, además, aspectos como la búsqueda de fosas comunes y la eliminación de "expedientes falsos" que fueron "creados para la persecución" política de opositores.
Las fosas comunes, declaró la experta, están diseminadas por diferentes puntos del territorio dominicano y se cree que a ellas fueron a parar muchos desaparecidos de los centros de trabajos forzados y de exterminio del régimen de Trujillo, mientras que "otros fueron arrojados al mar".
Se conoce la ubicación de algunas de esas tumbas colectivas, pero otras no han sido localizadas y su búsqueda sería una de las tareas de la Comisión de la Verdad.
En cuanto a los expedientes policiales, afectan a ciudadanos que "estuvieron presos, tienen expedientes como delincuentes pero eran presos políticos. Hay cientos de expedientes", manifestó la directora del museo.
El mantenimiento de esos documentos supone "una estigmatización", ya que "hay gente todavía fichada" que no puede conseguir una visa para viajar a ciertos países "porque está en un listado de terroristas por haber participado en el Movimiento de Liberación".
La directora del recinto museístico, perteneciente a la Federación de Fundaciones Patrióticas de la República Dominicana e inaugurado a finales de mayo al cumplirse el 50 aniversario de la eliminación física de Trujillo, opinó que, aunque muchos afectados por estas fichas han pedido su supresión, es el Estado el que debe ocuparse de anularlas.
"Consideramos que no tiene que ser un asunto personal, sino una política de Estado. Es parte de la restitución" que debe ofrecerse a las víctimas, agregó.
De EFE
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