Decenas de miles de personas nacidas en la República Dominicana, la gran mayoría de ascendencia haitiana, estarán en peligro de expulsión cuando el 1° de febrero expire el plazo para presentar su petición de residencia, advirtió ayer Amnistía Internacional.
“Cuando al dar la medianoche expire el plazo, las esperanzas de decenas de miles de personas vulnerables se hundirán. Miles de personas correrán peligro de ser expulsadas del país”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Incluso aunque estas personas puedan permanecer en la República Dominicana una vez vencido el plazo, su futuro será terriblemente incierto.
Aunque los términos ‘residente’ y ‘apátrida’ pueden parecer burocráticos, lo cierto es que el contar con la ciudadanía legal puede ser esencial para tener acceso a la educación, la atención médica y el trabajo, entre otros derechos fundamentales”, dijo.
La Ley 169/14, introducida en mayo de 2014, establece que las personas nacidas de padres extranjeros indocumentados, cuyo nacimiento no se declaró en la República Dominicana, deben inscribirse en un programa espe cial para obtener un permiso de residencia que más tarde necesitarán para reclamar la ciudadanía del país.
AI dice que, sin embargo, el plazo para inscribirse termina mañana, y no se ha ampliado.
“Eso significa que las personas que no estén ya inscritas en el sistema perderán la posibilidad de recibir alguna vez la ciudadanía dominicana”, establece la declaración.
Agrega que tan sólo un pequeño porcentaje de las personas que, en virtud de la ley, tienen derecho a inscribirse han podido iniciar el proceso, y que el ministro del Interior declaró que, hasta el 9 de enero, 5.345 personas se habían inscrito en el programa de regularización establecido por la Ley 169/14. “Esta cifra representa menos del 5% de las 110,000 personas que, según se estima, tienen derecho a hacerlo”, sostuvo la organización. Dice que la Ley se introdujo tras la condena generalizada de la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano de privar retroactivamente de la nacionalidad dominicana a miles de personas de ascendencia extranjera, y convertirlas así en apátridas, y que la nueva ley obligaba a estas personas a inscribirse como extranjeras y volver a solicitar, partiendo de cero, la ciudadanía dominicana.
“Ya es hora de poner fin a esta crisis. La simple realidad es que, cuando nació la inmensa mayoría de estas personas, la ley dominicana entonces vigente las reconocía como ciudadanas.
El privarles de ese derecho, y crear a continuación unos obstáculos administrativos insalvables para poder quedarse en el país, constituye una violación de sus derechos humanos”, ha manifestado Guevara Rosas.
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