Juan Lladó dice si no habrá hoteles Bahía de las Aguilas no vale nada

“Sin embargo, el acuerdo transaccional anunciado por el Gobierno va en la dirección de allanar el camino para elaborar un proyecto integral de desarrollo turístico en el litoral de Cabo Rojo-Pedernales”, declaró Juan Lladó

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El consultor turístico Juan Lladó anunció su respaldo a la solución transaccional que buscó el Gobierno para resolver la litis judicial existente sobre la propiedad de los terrenos de Bahía de las Águilas.

“El revuelo que ha causado la decisión del Gobierno no tiene razón de ser,” dijo

Lladó. “Ya que los ministros de Turismo y Medio Ambiente han declarado que en la misma Bahía de las Águilas no se permitirá ningún desarrollo en la misma Bahía de las Águilas, el valor de esos terrenos es ínfimo. Nadie va a querer comprar unos terrenos donde no será posible construir hoteles y albergar un desarrollo inmobiliario con fines comerciales.”

Otro aspecto del problema que comentó Lladó tiene que ver con la imposibilidad de transferir la propiedad. De acuerdo al Principio #5 del Artículo 3 de la Ley

Sectorial de Áreas Protegidas No.202-04: “Las áreas públicas que se encuentren bajo régimen legal de protección en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas constituyen un componente inalienable, imprescriptible e inembargable del patrimonio estatal y no son transferibles en propiedad a ningún individuo, Estado, nación o ciudadano de otro país bajo ninguna circunstancia.”

A juicio de Lladó, el derecho de propiedad privada existente con antelación a la referida ley debe ser respetado, según establece la Ley de Medio Ambiente No.64-00 y los propietarios debidamente compensados por el Estado en caso de que el Estado decida comprarle sus derechos. “Sin embargo, una lectura somera de la ley sugiere que aquellos terrenos insertos en áreas protegidas que son propiedad del Estado no pueden ser transferidos en propiedad a nadie.”

De ahí que no se entienda como podría el fideicomiso creado vender la parte que corresponde al Estado del arreglo acordado.

Lladó señaló además que “Independientemente de los porcentajes en que se repartirían los beneficios de la venta de los terrenos, habría que esperar a ver qué precio ofrece el mercado. Si el Estado solo permite instalaciones turísticas recreativas que viabilicen el uso público de los terrenos, como las que han sugerido algunos ambientalistas, es muy probable que sea el mismo Estado quien haga las inversiones necesarias en esas instalaciones.”

Lladó cito un informe del 2006 del destacado ambientalista José Manuel Mateo quien, actuando como funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, definió en ese entonces el tipo de instalaciones que podrían desarrollarse en los terrenos contiguos a la banda de arena de la playa.

“La idea central estriba, en levantar diferentes infraestructuras de carácter ecológicas, educativas, recreativas y de esparcimiento, bajo diseño que guarden total armonía con el medio natural, y cuyos materiales de construcción no hagan contraste con su entorno. Todo esto bajo el dominio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.”

Entre las edificaciones posibles, Mateo incluyó los miradores, los caminos carreteros no asfaltados, centro de visitantes, área de picnic, área de juegos ecológicos, área de cafeterías, muelle, dispensario médico y otros compatibles con un uso recreativo y educativo del área.

“Sin embargo, el acuerdo transaccional anunciado por el Gobierno va en la dirección de allanar el camino para elaborar un proyecto integral de desarrollo turístico en el litoral de Cabo Rojo-Pedernales. En ese sentido la decisión tomada por el Gobierno debe ser bienvenida.”

Lladó advirtió, finalmente, que cualquier desarrollo en Cabo Rojo tendrá que confrontar el problema de las concesiones mineras existentes para esa área. “Si no se desaloja el actual concesionario –lo cual podría suscitar controversia por aquello de la seguridad jurídica--, ningún inversionista va a estar interesado en invertir en ese lugar.”

“Hace tres años se anunció un gran proyecto de una empresa canadiense para esa parte del litoral y los inversionistas desistieron por la negativa de los concesionarios mineros de acceder al desalojo.”