SAN FRANCISCO DE MACORÍS, República Dominicana.- El alcalde Félix Rodríguez Grullón, acusado de un desfalco de más de 400 millones de pesos, no será juzgado en esta ciudad, sino en la jurisdicción de la provincia Santo Domingo, tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia que acogió la solicitud de la declinatoria hecha por los abogados de la defensa alegando inseguridad para el juicio.
Rodríguez Grullón, Fiordaliza Genao y Jerson Lizardo, están acusados por el Ministerio Público, de la sustracción de más de 400 millones de pesos tras la investigación de la Cámara de Cuentas presentada en el Informe con Alicia Ortega.
Para pedir el traslado de jurisdicción del caso que se sigue al alcalde, sus abogados se basaron en el hecho del tiroteo de que fue objeto el edificio del ayuntamiento municipal, que se atribuyó un supuesto “Comando de la Resistencia Popular Duartiana”, así como amenazas escritas dejadas en lugares públicos.
La decisión de la Suprema Corte ha encontrado el rechazo de diversos sectores francomacorisanos, entre ellos el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), la Coalición Justicia y Dignidad, la Unión de Juntas de Vecinos de la Provincia Duarte, entre otros, que entienden que el proceso debió ser conocido en este municipio por privilegio de jurisdicción los alcaldes municipales deben ser juzgados por las respectivas Cortes de Apelación del departamento correspondiente.
Las autoridades del ayuntamiento de SFM están acusadas de alegados actos de corrupción administrativa, que envuelven el monto de 100 millones de pesos, un escándalo sobre el cuál el programa El Informe con Alicia Ortega se hizo eco. Un reportaje investigativo mostró cómo Rodríguez y Lizardo se acusaban mutuamente.
Publicado en El Informe con Alicia Ortega
El 28 de octubre de 2013 la periodista Edith Febles presentó en el programa El Informe con Alicia Ortega, un trabajo donde señalaba que El desorden administrativo evidenciado por una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas al período 2007-2011 señala que el monto total de las irregularidades asciende a casi mil millones de pesos en cinco años.
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