Al dar cumplimiento al fallo del Tribunal Constitucional que ordena la entrega del listado de asesores a un ciudadano que lo reclamó, la Cámara de Diputados dio a conocer los nombres de ese personal, donde incluyó su labor y el salario que devengan cada uno, que va desde los RD$9,000 hasta los RD$50 mil cada mes.
El listado se encuentra disponible al público en su portal, en la sección de libre acceso a la información, tal y como lo había solicitado el ciudadano Manuel Muñoz.
El listado inicia con el profesor Rafael González Tirado, que desde 1979 presta servicios para la Cámara de Diputados y devenga un salario de RD$35 mil como asesor de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (OFITREL). Además, Valerio Bello Rosario, con RD$ 21,562.50, del bloque del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); al igual que Liliam Gómez de Montás, RD$15,043.44; Tulio Tejada Pérez RD$ 21,490.63, y Miguel Betances Valverde, RD$13,225.00.
José Abigail Cruz Infante, RD$ 33,062.50, asesor de FOPREL/ COOD y las comisiones de Turismo, Deportes y Juventud y Grupo Técnico Asesor; Félix Perdomo Figueroa, RD$33,062.50, asesor del PRSC, e Iván Rodríguez Batista, RD$50,600, asesor de la Comisión Permanente de Finanzas y Grupo Técnico Asesor. También Julissa García Guzmán, RD$11,819.84, asesora legislativo, del Bloque BIS-PPC, y Malge Rizek Ciriaco, RD$ 18,000, asesora técnico de gestión de proyectos de cooperación.
Además Michelle Morey Sánchez, RD$18,000.00, asesora bloque del PRD; Ana Mercedes Santana Peña, RD$17,596.15, del PRD; Dioscar Faña, RD$17,596.15, del PRD; Felipe de los Santos Guerrero, RD$17,596.15, del PRD; Alicia Jáquez Cruz, RD$17,596.15, del PRD, Tomás Guzmán Hernández, RD$44,000.00, asesor Comisión de Finanzas.
Asimismo, Marcos Cruz García, RD$ 44,000.00, asesor de Justicia; Teófilo García Matías, RD$17,596, asesor del PRD; Carlos Santos Durán, RD$35,000, asesor de la Comisión de Cultura, y Ricardo Martínez Moronta, RD$9,000, asesor de esa misma comisión.
También Jesús Pichardo Ureña, RD$29,000, asesor jurídico del PLD, y Desireé del Rosario Sosa, RD$30,000, asesora de la Comisión de Equidad de Género.
Algunos de estos empleados habían solicitado a la Suprema Corte de Justicia que no se entreguen sus datos personales al solicitante, indicando que el nombre y apellido son datos personales confidenciales y que deben respetarse de acuerdo a lo que establece la Constitución.
Igualmente, los asesores firmaron, en octubre de 2010, una comunicación que se envió a la Suprema Corte de Justicia donde señalan que no autorizan a la Cámara de Diputados a divulgar sus datos personales.
La cámara baja alegaba que existen fallos consecutivos de la Suprema desde febrero del año en curso y de innumerables jurisprudencias internacionales, para no entregar esos datos.
ABOGADO VALORA LA SENTENCIA DEL TC
El abogado Víctor Manuel Muñoz Hernández valoró como un gran precedente jurídico, que beneficia a la sociedad dominicana, la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena a la Cámara de Diputados entregar las informaciones sobre los nombres y salarios de sus asesores.
“Esto sienta un gran precedente en los anales jurídicos, ya que realmente lo que establece es que todas las instancias de poder deben cumplir con el voto de la ley”, enfatizó. Expresó que con la decisión del TC se agota una jerarquía constitucional.
Muñoz Hernández es el abogado del señor Manuel de Jesús Muñoz, quien solicitó las informaciones a la Cámara de Diputados y luego sometió una acción de amparo en el TSA, ante la negativa de ese hemiciclo de revelar los nombres de sus asesores.
La Cámara de Diputados no estuvo de acuerdo con la sentencia del TSA y sometió un recurso de revisión en el TC, el cual se lo rechazó. Después del fallo del TC, la Cámara de Diputados divulgó en su página de Internet los nombres de sus asesores.
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