El Tribunal Constitucional (TC) anuló una sentencia de amparo dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, mediante la cual se ordenaba la devolución de 80,340 dólares que le había incautado el ministerio público a una comerciante, mediante un allanamiento a su negocio por lavado de activo.
El TC anuló la sentencia número 113-2011, tras acoger un recurso de revisión de amparo incoado por el Estado dominicano, a través del fiscal titular de San Pedro de Macorís, Abraham Ortiz Cotes, y del fiscal adjunto adscrito a la Unidad Antilavado, Ángel Bienvenido Medina Tavárez, en contra de la señora Julia Brook Yan.
Mediante la sentencia dejada sin efecto, dictada el 9 de noviembre de 2011, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís ordenó la devolución de los 80,340 dólares a la señora y al pago de un astreinte (sanción) de US$10,000 diario en caso de incumplir la decisión de ese tribunal.
El TC, presidido por el jurista Milton Ray Guevara, también declaró inadmisible una acción de amparo sometida el 4 de noviembre de 2011 por la señora Brook Yan en contra del Estado dominicano.
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