SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Movimiento Cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3) exigió a la Suprema Corte de Justicia que ponga fina a la incertidumbre y a la impunidad y designar un Juez de la Instrucción Especial que conozca querellas contra el Ing. Félix Bautista:
También piden al Procurador General de la República, que una vez sea designado el Juez de la Instrucción Especial, éste dé aquiescencia a las objeciones que sometieron grupos civiles contra el archivo a las diversas querellas y denuncias que piden procesar judicialmente al senador Félix Bautista por los hechos que se le a su administración en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Asimismo, la entidad anuncia que someterá a otros funcionarios señalados como corruptos.
Declaración del Movimiento C3
En abril del presente año 2012 el Movimiento Cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), tomamos las palabras del entonces candidato presidencial Danilo Medina Sánchez, quien en una de sus alocuciones a la nación había declarado que instaba a aquellos ciudadanos/as que tenían pruebas contra el Ing. Félix Bautista debían querellarse y encausar sus descontentos ante los tribunales del orden judicial.
Fue entonces cuando procedimos a someter una querella por soborno transnacional por ante la Suprema Corte de Justicia, ya que el Director de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) se había constituido en una retranca en la lucha anticorrupción.
La querella que interpusimos fue remitida por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia a la DPCA, marcando con esto el inicio de una intención certera de que el caso no fuera investigado y muchos menos procesado.
Junto con esta demanda otros grupos civiles procedieron a someter otras querellas y denuncias, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública por parte del Ing. Félix Bautista.
Entre las querellas destacamos la que hizo la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), que acusa a Félix Bautista de desfalco al erario, amparando sus acusaciones en las auditorias realizadas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Cabe destacar que el Ing. Félix Bautista fue sometido a su vez por otros delitos por la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quienes aportaron pruebas de diversos delitos y crímenes, incluyendo el involucramiento del Senador Bautista en el caso Sun Land.
Como es sabido por todos/as el señor Hotoniel Bonilla García, actual Director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), ordenó el archivo de las querellas de manera irregular y sin ninguna razón jurídica válida, ya que nunca se llevó a cabo una investigación real del caso.
El señor Bonilla, contrario al procedimiento establecido y lo esperado por todos/as los/as ciudadanos/as, sólo se limitó a entrevistar al acusado tomando su palabra como la verdad absoluta, sin exigirle prueba alguna de sus afirmaciones, cosa que indignó a la ciudadanía en general.
En virtud de la decisión de Hotoniel Bonilla, de negar el derecho a la justicia del Movimiento Cívico Ciudadanos Contra Corrupción (C3) y a la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), es que estas dos entidades dispusieron, dentro de los plazos legales establecidos en el Código Procesal Penal, sus respectivas instancias de objeción al archivo de sus querellas.
Ante estas cuatro acciones legales que acusan directamente a Félix Bautista de la comisión de varios delitos y crímenes, el Procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito dispone, mediante una instancia ante la Suprema Corte de Justicia, que sea revocado el archivo de las querellas y sea reasumida la investigación de las acusaciones contra el Ing. Bautista.
Por estos motivos, el Movimiento Cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3) exige a la Suprema Corte de Justicia no dilatar los procesos judiciales, designando de inmediato como ordena el debido proceso, a un Juez de la Instrucción Especial, para que éste fije audiencia y cite a las partes querellantes, al querellado y al Ministerio Público, para que se conozcan las objeciones sometidas contra el archivo irregular de las querellas.
Pedimos que en esta audiencia pública sobre el caso, el Lic. Francisco Domínguez Brito como represéntate máximo del Ministerio Publico, y en su calidad de Superior Jerárquico de la DPCA, proclame la Aquiescencia a las objeciones presentadas por las partes querellantes, con esto se le da la oportunidad al nuevo Procurador General de la República de enmendar los pasos del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.
Aclaramos que cuando el Movimiento Cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3) impugnó el dictamen de archivo definitivo de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa no se dirigió en su instancia a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sino más bien al Presidente y demás Jueces que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, razón por la cual ignoramos a cuáles sometimientos se refiere el Presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando dice que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia no ha sido apoderado, sino más bien la tercera sala de dicho alto tribunal el cual se declaró posteriormente incompetente.
Por este medio anunciamos que en los próximos días presentaremos nuevas acciones legales contra varios funcionarios, que aparándose en sus cargos en la Administración Pública buscan obstruir los debidos procesos judiciales y menoscabar la lucha anticorrupción que libra un sector del Ministerio Público y la sociedad Dominicana.
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