Santo Domingo
El Tribunal Constitucional declaró en estado de fallo la acción directa de inconstitucionalidad presentada por directores de tres medios de comunicación y la Fundación Prensa y Derecho contra varios artículos de la Ley 61-32 y del Código Penal.
En la primera establecen penas de privación de libertad para los delitos de difamación e injuria y el Código Penal Dominicano que contempla un sistema de responsabilidad encascada para los directores de medio de comunicación por difamaciones emitidas por tercera persona.
El tribunal conoció la acción en una audiencia pública celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia y dispone de un plazo de cuatro meses para emitir su sentencia, conforme establece la Ley 137-11 Organiza del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales.
A la audiencia asistieron los directores de medios que presentaron la acción como Miguel Franjul de Listín Diario, Osvaldo Santana de El Caribe y Rafael Molina Morillo de El Día. También el presidente de la Fundación Prensa y Derecho, Namphy Rodríguez, quien además es el abogado de esa parte en el proceso.
En las conclusiones emitidas en la audiencia, Rodríguez pidió la nulidad de los artículos del 30 al 40 de la Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento y de los artículos del 368 al 372 del Código Penal Dominicano, por consideran que viola la Constitución.
El ministerio público representado por el procurador adjunto Ricardo Taveras pidió que se rechace la acción de inconstitucionalidad, mientras la Cámara de Diputados, que estuvo representado por el abogado Jerry de Jesús, no fijó posición y dejó el caso a la soberana decisión del Tribunal Constitucional.
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