Procuraduría rechaza se reforme delito de prensa ABOGADO VE DESAFORTUNADA POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO

  Santo Domingo

El Ministerio Público se opuso ayer a que sean eliminados los artículos de la ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y del Código Penal Dominicano que establecen penas para los delitos de prensa y la responsabilidad  “en cascada” para los directores de medios de comunicación por difamaciones emitidas por terceras personas.

La Procuraduría General de la República pidió ayer al Tribunal Constitucional que  rechace la acción directa de inconstitucionalidad que presentaron los directores de los periódicos Listín Diario, Miguel Franjul;  de El Caribe, Osvaldo Santana, y de El Día, Rafael Molina Molino, y la Fundación Prensa y Derecho, en contra varios artículos de la ley 6132 y del Código Penal.  

Al leer sus conclusiones durante la audiencia celebrada ayer por el TC, el Ministerio Público, representado por el procurador general adjunto, Ricardo Taveras, consideró que procede rechazar la acción de inconstitucionalidad contra esas disposiciones legales.    Mientras, la Cámara de Diputados, representado por el abogado Yerry de Jesús,  no hizo objeción a la acción y lo dejó a la soberana decisión del TC.

“En esta ocasión la Cámara de Diputados no presentará conclusiones, más bien dejamos el caso a la soberana apreciación del tribunal, que sabemos que con su sabiduría y sanos conocimientos dará una respuesta,  a través de una sentencia, cónsona con la situación al derecho positivo del país  y cónsona con la Constitución de la República”,  concluyó el abogado de la Cámara de Diputados.

La responsabilidad
El abogado de los directores, Namphy Rodríguez,  pidió al TC que  declare no conforme con la Constitución, ni con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos los artículos  del 30 al 40 de la ley 6132 y del 368 al 372 del Código Penal, por imponer regímenes de sanción de privación de libertad, lo cual consideró que en criterio de la CIDH  resulta desproporcional en materia de delitos contra el honor. Pidió que se pronuncie la inconstitucionalidad de los  artículos 47 y 48 de la ley 6132 por ser contrarios a los artículos 40, numeral 14,  y  49 de la Constitución, y el 5 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, al disponer la responsabilidad en cascada al director de medios de comunicación por el delito de otro.

Luego que las partes expusieron sus conclusiones, el  presidente del TC, Milton Ray Guevara, declaró el expediente en estado de fallo. El tribunal dispone de un plazo de cuatro meses para emitir su sentencia, conforme establece la Ley 137-11 Organiza del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales.

Los jueces del TC conocieron la acción en una audiencia pública celebrada en la Sala Augusta de la SCJ, a la cual asistieron los tres directores de medios que impulsan la acción de inconstitucionalidad.  También asistió el presidente del Colegio de Periodistas, Aurelio Henríquez, quien reiteró su posición de que la responsabilidad no debe dejarse a los periodistas.  

ESPERAN TC ACOJA LA PETICIÓN DE DIRECTORES JORGE CRUZ/ LISTÍN DIARIO
Cuando salió del tribunal, el abogado Namphy Rodríguez consideró como desafortunada la posición del Ministerio Público. “Encontramos como desafortunada la petición del Ministerio Público, ahora bien, nosotros confiamos y tenemos toda la seguridad de que el Tribunal Constitucional, que es un tribunal de derecho de ciudadanía, va a acoger como buena y va a dar una sentencia positiva sobre las peticiones que le hemos formulado”, dijo Rodríguez. 

Consideró que la declaratoria de inconstitucionalidad que hizo la SCJ de las Roberto Rosario disposiciones legales que demandan su nulidad, en un caso por difamación e injuria, constituye un precedente importante, que allana el camino para el TC sacar definitivamente esa disposición de la legislación dominicana. 

Enfatizó que el paso que están dando busca que quien emite el juicio difamatorio sea el responsable, no un tercero. “No es que los directores de periódicos, que además son periodistas, están escurriendo el bulto, no, lo que están ejerciendo es una acción de derecho de ciudadanía no en su beneficio, sino en beneficio de la libertad de expresión, para que aquel que emita el juicio sea el responsable, ni el periodista ni el director”, señaló.