El presidente de Alianza País (Alpaís), Guillermo Moreno, denunció hoy que dos de los cuatro jueces que decidieron sobre el recurso de apelación en el que solicitó la revocación del archivo de la querella contra Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), estaban legalmente impedidos para conocer el mismo.
Moreno reveló que el presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el magistrado Eduardo Sánchez Ortiz, fue prácticamente tomado de la mano por el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, a fin de ser ascendido al cargo que hoy ostenta, en desmedro de otros que ocupaban por más tiempo y con más méritos el rango de jueces de esa corte.
Recordó que Germán Mejía fue por años socio y abogado personal del expresidente Fernández.
“Denunciamos también que habíamos recibido informaciones del entorno inmediato del magistrado Sánchez Ortiz conforme las cuales, éste había sostenido contacto directo con Radhamés Jiménez Peña, con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el archivo de la querella”, expresó.
Dijo que dada la gravedad de las informaciones obtenidas, presentó junto a sus abogados una instancia en la que recusaban al juez Sánchez Ortiz, por considerar que no estaba en condiciones para emitir una decisión imparcial y apegada al derecho.
Explicó que en dicha instancia solicitó además que previo al conocimiento de la misma se ordenara a la compañía telefónica correspondiente, un reporte de las llamadas entrantes y salientes con sus respectivas celdas, del número 809-545-4124, usado por el magistrado Eduardo Sánchez Ortiz, a partir del 5 de julio de 2013 hasta el día 31 del mismo mes.
Consideró que se han cometido muchas irregularidades que deslegitiman, aún más de lo que está el contenido mismo de la ratificación del archivo.
“Les decimos a la ciudadanía que frente a una decisión como la evacuada por la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, queda confirmada la advertencia que hicimos en el sentido de que ese tribunal había sido integrado el pasado mes de mayo, para brindarle protección a Leonel Fernández respecto de la querella que interpusimos el 24 de enero de este año”, notificó el exprocurador.
Anunció que su deber será siempre persistir en el propósito de enfrentar la impunidad y de utilizar todos los medios que brinda la ley para hacer que el Ministerio Público y los jueces cumplan con su obligación de investigar y sancionar la corrupción.
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