Amnistía Internacional señaló hoy a la República Dominicana que la reforma del Código Penal es una oportunidad para afrontar cuestiones claves de derechos humanos
En una declaración pública, la organización internacional sobre defensa de los derechos humanos, dijo que en el momento que el Congreso de la República Dominicana está iniciando su periodo de sesiones insta a los legisladores dominicanos para que privilegien la protección y promoción de los derechos humanos a la hora de examinar la reforma del Código penal. Recuerda que se espera que el Senado examine y vote en las próximas semanas el texto que la Cámara de Diputados aprobó el pasado mes de junio.
“Si bien el texto aprobado por los diputados representa avances en términos de protección de ciertos derechos humanos, en comparación con el texto vigente y con otras propuestas de Código penal que habían sido elaboradas en el pasado, el Senado debería considerar algunos cambios para ponerlo en línea con los requerimientos y obligaciones internacionales de República Dominicana en materia de derechos humanos”, dijo Chiara Liguori, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe.
Señala que es positivo, por ejemplo, que el nuevo Código contemple los crímenes de derecho internacional, como crímenes de lesa humanidad, que dé una definición muy amplia de las causales de discriminación y que incluya los abusos de la autoridad pública cometidos contra los particulares.
“Sin embargo, entre los serios vacíos que presenta la versión del Código aprobada por la Cámara de Diputados se encuentra la ausencia de tipificación de los crímenes de ejecución extrajudicial y desaparición forzada.”
“En un país como la República Dominicana, donde las alegaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de la fuerza del orden son recurrentes, y donde al menos dos supuestos casos de personas desaparecidas por la policía fueron documentados desde 2009 (Juan Almonte Herrera y Gabriel Sandi Alistar), es crucial que estos dos crímenes sean incluidos y sancionados en la legislación nacional. Esto ayudará a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas sobre la actuación policial, y proteger la población de los abusos de aquellos que deberían trabajar para salvaguardar sus derechos”, dice el documento.
También Amnistía Internacional expresa su preocupación por las consecuencias potencialmente negativas para el derecho a una vivienda adecuada que presenta la posible criminalización de la ocupación de propiedad pública o privada contenida en los artículos 250-252 del proyecto de Código.
“Varios estudios estiman que más de 50% de la población en el país (75% en la provincia de Santo Domingo) vive sin saber si tiene o no título de propiedad sobre la tierra o las viviendas donde viven”, explicó Chiara Liguori. “No es admisible que un porcentaje tan alto de la población esté en riesgo de ser criminalizada.”
“De ser aprobados los artículos 250-252 del proyecto de Código, los desalojos forzosos podrían ser legitimados y millares de personas en todo el país quedarían en condiciones de creciente precariedad y vulnerabilidad”, precisó Chiara Liguori. “Esto representaría una violación del artículo 59 de la Constitución dominicana y de varios convenios internacionales de derechos humanos que la República Dominicana ha ratificado”.
Amnistía Internacional dijo que apoya el pedido de varias organizaciones dominicanas de derechos humanos de adoptar medidas alternativas para resolver la cuestión de la ocupación de propiedad pública o privada, respetando los derechos humanos y en conformidad con las obligaciones internacionales del país.
En relación con el tema del aborto, señala que toma nota de la evolución en la última versión del Código votada por la Cámara, pero pide a las autoridades ir aun más lejos para que los derechos humanos de las mujeres sean plenamente respetados.
“Sin duda es un avance el hecho que el aborto pueda ser autorizado cuando haya estado de necesidad, tal y como lo aprobó la Cámara en junio. Sin embargo, se siguen contemplando sanciones penales para las mujeres y niñas que soliciten servicios de aborto en otras circunstancias, inclusive en casos de violación o incesto, lo que podría vulnerar seriamente sus derechos humanos,” explicó Chiara Liguori.
“Reiteramos a los legisladores dominicanos los argumentos que les presentamos en una carta abierta en octubre pasado, en particular que la penalización del aborto, cualquiera que sean las circunstancias, viola el derecho de las mujeres y niñas al más alto nivel de salud, a no ser sometidas a torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a no sufrir discriminación”, detalló Liguori.
En respaldo a las organizaciones de mujeres de República Dominicana, Amnistía Internacional pide que el aborto sea despenalizado no solamente en caso de peligro para la vida de la mujer, sino también cuando exista un peligro para su salud, así como en casos de embarazos que resultan de violación o incesto.
Si toman en cuenta estas consideraciones, los legisladores dominicanos podrán dotar a la sociedad dominicana de las herramientas jurídicas necesarias para que los derechos humanos sean protegidos y respetados, dice.
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