El Ministerio de la Juventud tiene una nómina sobrecargada y ha patrocinado viajes de estudio de los que el 95% de la matrícula los beneficiados son empleados de la institución y activistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”, dice el “Cuarto Informe sobre Ejecutorias de Políticas Públicas de Juventud”, presentado hoy por la Red Nacional de Acción Juvenil (RNAJ).
En el documento está contenida una larga lista donde se identifican supuestos casos de clientelismo político, sobrevaluación de viajes, distribución irregular de becas, duplicidad de funciones, ocultamiento de informaciones públicas, violaciones presupuestarias y otras irregularidades registradas en las dos últimas gestiones del Ministerio de la Juventud.
En el reporte, que se publica en el marco de la segunda etapa de la campaña “Tiempo de Despertar” de Participación Ciudadana, se explica que esa institución tiene una sobrecargada nómina en la que aparecen 65 secretarias y 134 auxiliares, con salarios que van desde seis mil 723 a 43 mil pesos a personas que realizan la misma función, evidenciando una profunda y sospechosa disparidad salarial.
Además, destaca casos como el de la delegación nacional que recientemente participó del VII Curso sobre Liderazgo en el Miami Dade Collage de Estados Unidos, cuyos boletos aéreos costaron 33 mil 897 pesos más de lo que la agencia emisora presuntamente cobra a clientes comunes en condiciones similares.
“Los 22 viceministros que fueron removidos en el 2012 por el presidente Danilo Medina el Ministerio los colocó en nuevos cargos en el 2013, sin ningún tipo de justificación funcional”, asegura la investigación en su capítulo de hallazgos.
De igual forma denuncia que la gestión de Franklin Rodríguez favoreció con donaciones a cuatro asociaciones de estudiantes de San Cristóbal y de manera especial a la de la comunidad de Cambita, de donde es oriundo el exministro.
El informe incluye ejemplos detallados de negación de informaciones de interés público por parte del Ministerio de la Juventud, así como un excesivo gasto corriente.
“La parte más significativa de todo esto es que el Ministerio de la Juventud es un espacio para el clientelismo juvenil. Así lo manifiesta en cada una de sus ejecutorias, las cuales responden a compromisos y acciones de cooptación política a favor del partido en gobierno”, concluye el levantamiento presentado en el salón Da Vinci del hotel Magna, antiguo Meliá.
Tiempo de Despertar. Esta campaña se ejecuta en todo el territorio nacional, con el objetivo de contribuir con la mejoría de la transparencia, la institucionalidad y la eficiencia del Estado dominicano.
Recomendaciones. La organización juvenil hizo algunas recomendaciones a las autoridades para "sanear el Ministerio de la Juventud" al precisar que se debe promover la fiscalización de esa cartera estatal por parte de las organizaciones juveniles, sociales y comunitarias para presionar el cumplimiento de su rol en el Estado dominicano, exigiendo institucionalidad y cumplimiento de la ley.
Agregó que se debe exigir a la Cámara de Cuentas de la República una auditoría exhaustiva y minuciosa que identifique irregularidades, castigue acciones incorrectas e imponga los controles necesarios para evitar desviaciones de recursos públicos. Además de solicitar al MJ la cancelación de los funcionarios que no desempeñan funciones y de los empleados innecesarios.
También dijo que hay que instar a Juventud para que dentro de la carrera administrativa, conforme a los procedimientos establecidos por la Ley 41-08 sobre Función Pública, nombre un personal técnico calificado respetando el principio de meritocracia, de tal forma que se pueda contar con un personal a la altura de la elaboración e implementación de políticas públicas de juventud.
Demandó la revisión de la Ley General de Juventud y su Reglamento, incluyendo lo referido al Sistema Nacional de Juventud y que los hallazgos que arroje la auditoria hecha por Cámara de Cuentas se asuman como un compromiso del movimiento juvenil, para proceder legalmente contra el ministro responsable de incurrir en faltas graves que violan el ordenamiento jurídico nacional.
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