Juez bloquea partes clave ley antiinmigrantes de Arizona

La juez federal estadounidense Susan Bolton ha decidido bloquear parcialmente la polémica ley de inmigración de Arizona y ha dado la razón a la Administración Obama en su pulso con la gobernadora Jan Brewer. La decisión judicial no paraliza por completo la ley, que entrará en vigor el jueves, pero deja en el dique seco los capítulos más controvertidos, como la obligación de los inmigrantes de llevar sus 'papeles' en todo momento y la facultad de la policía local para detener "indocumentados" ante la "sospecha razonable" sobre su situación legal.

En la orden de la jueza se indica que "hay una probabilidad sustancial de que los agentes detengan erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley". "Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga 'extraordinaria, inusual y característica' a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer", añade el dictamen de la jueza.

La gobernadora Brewer ha recibido el varapalo a su paso por Tucson, la ciudad 'rebelde' en la que miles de manifestantes planeaban salir este miércoles a la calle pidiendo el boicot contra la ley. Brewer ha anunciado que seguirá adelante con la batalla legal para sacar adelante la controvertida ley, "respaldada por la mayoría de la población de Arizona".

La noticia fue recibida con gran alivio entre los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, que habían reclamado también a los tribunales la suspensión de la ley por "discriminatoria e inconstitucional". Se espera una comunicación oficial del Departamento de Justicia, que decidió recurrir la ley a primeros de julio.
Los hispanos de Arizona, que constituyen el 30% de la población, han vivido en un estado de pánico generalizado en plena cuenta atrás. Decenas de miles de indocumentados han salido del estado desde el pasado mes de abril, ante el temor a una persecución sistemática de los inmigrantes.

Se calcula que en Arizona, vía de entrada de más del 50% de los inmigrantes ilegales en el país, había unos 400.000 indocumentados antes de que la gobernadora estampara su firma en la ley.