El Consejo de Residentes Españoles (CRE) de República Dominicana lamentó hoy el endurecimiento de los requisitos que se les exige para renovar la residencia permanente, medida que, a su juicio, "contradice absolutamente la política de atracción de inversión extranjera" del Gobierno dominicano.
La Dirección General de Migración de la República Dominicana modificó hace varias semanas estos requisitos, que pueden afectar a unos 20.000 españoles, según fuentes consulares, y que ahora exigen, entre otras medidas, someterse a un examen médico y presentar una carta de garantía en favor del solicitante.
El presidente del CRE, Eduardo Pahíno, dijo a Efe que este cambio supondrá una "traba" cuando una compañía quiera instalarse en el país caribeño "y vea que renovar una residencia está sujeto a arbitrariedades" como estos requisitos.
Pahíno subrayó "el esfuerzo que hace el Ministerio de Industria y Comercio, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y las Cámaras de Comercio para atraer inversión extranjera", algo que "no se corresponde con esta actitud" de Migración, agregó.
Efe trató de conocer la versión de la Dirección General de Migración sobre el asunto mediante llamadas telefónicas y mensajes por correo electrónico remitidos al portavoz de ese departamento pero no obtuvo respuesta.
Las críticas del CRE se suman al malestar expresado hace varias semanas por empresarios españoles que manifestaron su preocupación por los problemas que deben afrontar para hacer negocios en el país ante la situación de "seguridad jurídica cero" existente, que fuentes empresariales atribuyen en gran medida a la actitud de la Administración local.
La implantación de las novedades en el proceso de renovación de la residencia, que cuesta 12.750 pesos (unos 250 euros) ha desencadenado decenas de llamadas al CRE por españoles sorprendidos ante esta situación.
"Se trata de españoles que llevan diez, quince, veinte, treinta y hasta cuarenta años en el país", enfatizó Pahíno, quien pidió al director general de Migración, José Ricardo Taveras, "que considere estas medidas y que trate a los residentes permanentes como residentes permanentes, no como recién llegados".
El representante del colectivo español, quien consideró que tras estas nuevas medidas "hay un afán recaudatorio", se preguntó "qué garantía económica se le puede pedir por ejemplo al dueño de siete ferreterías, que tiene mil empleados", y qué sentido tiene exigir un examen médico cuando no se puede discriminar a nadie por enfermedad.
Pahíno indicó que comunicará esta situación al subsecretario de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Rafael Mendívil, y al director general de Asuntos Consulares y Migratorios, Luis Fernández-Cid.
Agregó que el CRE ha trasladado su "preocupación y desasosiego" por este asunto al consulado de España, que lo ha acogido "con una excelente receptividad" y ha comenzado a trabajar en el tema.
Una fuente diplomática dijo al respecto a Efe que "la embajada y el consulado están al tanto de esta situación y están en contacto con las autoridades dominicanas competentes", sin entrar en detalle sobre las gestiones que se llevan a cabo. DE EFE
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