La Junta Central Electoral informó este martes que se querelló en actor civil contra un ciudadano haitiano y denunció a cuatro egipcios por uso de documentación falsa, con los que figuraban como dominicanos.
El primero, identificado como William Medina Ferreras, quien en meses pasados demandó a la República Dominicana ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fue acusado por la JCE de portar documento de identidad y electoral y acta de nacimiento falsas.
La entidad electoral explicó que en los documentos, el imputado está registrado como hijo de dominicanos, pero la institución descubrió en una investigación que eso era falso.
Dijo que Medina Ferreras porta una cédula de identidad y dice haber sido declarado por la pareja de dominicanos Abelardo Medina y Consuelo Ferreras, pero que al cuestionar a los demás hijos de estos, expresaron no conocer a William.
La JCE electoral afirmó que Medina Ferreras presenta el acta de nacimiento registrada en el Folio No.44, Libro No.147, Acta No. 44 del año 1994 de la Oficialía Civil de Cabral, Barahona, con la que obtuvo la cédula No. 019-0014832-9 , ambas de forma fraudulenta, logrando incluso votar en las elecciones de los años 2002, 2006, 2008, 2010 y 2012.
Egipcios
En tanto la Junta Central Electoral denunció a los egipcios Mohamad Shad, Mohamad Shamdu, Atif Khan y Sharooq Massad Syed, por la infracción del uso documentos falsos, que el primero recibió de sus compatriotas luego de un pago que este les hiciera, en violación a las disposiciones del Código Penal Dominicano en sus artículos 146, 147 y siguientes.
Según la JCE, Shad pagó a los otros tres la suma de siete mil quinientos dólares para que los otros extranjeros les gestionaran tres documentos de identidad.
La entidad electoral indicó que al verificar el extracto de acta de nacimiento de Mohamad Shad se pudo determinar que contiene informaciones no registradas en la oficialía correspondiente.
Explicó que al consultar el acta, se pudo comprobar que los datos pertenecen a una persona distinta nacida en Santiago en 1962.
En una visita al Palacio de Justicia, el presidente de la JCE, Roberto Rosario, apoderó a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso de la querella y la denuncia.
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