Luego de dar seguimiento al debate y escuchar las voces que se levantaron a favor y en contra, el movimiento cívico no partidista, de presión, concertación y vinculación del ámbito social con los poderes públicos, coligió no aconsejar la explotación de ferroníquel en Loma Miranda por la empresa Falcondo, sustentada en el daño ecológico y el pasivo ambiental que resultaría de dichas prácticas, así como también por el "presente contexto social e institucional de falta de confianza y corrupción".
“Un factor de gran peso en el análisis realizado al interior de nuestra organización es la falta de confianza en las instituciones y funcionarios públicos involucrados en las concesiones de contratos mineros y, en general en las contrataciones estatales”, afirma el comunicado en una de sus partes.
A continuación transcribimos “in extenso” el documento emitido por el movimiento cívico:
Declaración sobre Loma Miranda
Participación Ciudadana ha dado seguimiento al debate sobre la posible explotación de Loma Miranda. Hemos analizado las diferentes posiciones, incluyendo a los expertos en el tema medioambiental, recibimos y escuchamos las explicaciones de los directivos de la empresa FALCONDO y de la Academia de Ciencias. Adicionalmente, realizamos una consulta a nuestra membresía para conocer sus opiniones.
En tal sentido, entendemos que las condiciones existentes en el país no aconsejan una explotación en Loma Miranda, tanto por el riesgo de daño ecológico y la afectación de las fuentes acuíferas que la misma conlleva, como también por el presente contexto social e institucional.
A pesar de las explicaciones que ha ofrecido la empresa, tanto el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como la comisión especial del PNUD que estudió la posible explotación, concluyen en una recomendación de no aprobación de la solicitud de explotación.
Participación Ciudadana valora las posiciones que sustentan que es posible la explotación minera preservando los recursos naturales. También entendemos la necesidad del Estado de agenciarse nuevos recursos que apoyen los planes de crecimiento económico, así como también consideramos los perjuicios a los trabajadores y técnicos dominicanos que lamentablemente serán afectados por un posible cese de operaciones de la minera.
Sin embargo, un factor de gran peso en el análisis realizado al interior de nuestra organización es la falta de confianza en las instituciones y funcionarios públicos involucrados en las concesiones de contratos mineros y, en general, en las contrataciones estatales.
Existe la percepción generalizada de que el interés del país no ha sido defendido por las autoridades involucradas en las negociaciones y contrataciones mineras. Asimismo, una vez iniciadas, las instituciones responsables de la supervisión y control no han ejercido su autoridad, permitiendo que una gran parte de las previsiones de preservación del medio ambiente, así como también la participación económica del Estado, sean burladas, lo cual deja en la ciudadanía la sospecha de corrupción, aunque nadie nunca haya sido juzgado o sentenciado por estos actos.
Esta percepción está bien fundamentada en la prensa nacional y en informes de expertos, a lo largo de décadas y en relación con todos los contratos de explotación minera. Participación Ciudadana entiende que, más allá de la buena imagen del Presidente Danilo Medina, el Estado Dominicano en su conjunto y una significativa cantidad de funcionarios en particular, no dan muestras de cambio en el compromiso de defensa del patrimonio público, ni en el ejercicio pleno de sus funciones de control y supervisión de los recursos del pueblo dominicano.
Para contrarrestar tal percepción, exhortamos impulsar las Iniciativas para la Transparencia de las Empresas Extractivas, la cual procura lograr la transparencia en los contratos de exploración y explotación acordados por el Estado dominicano, la rendición de cuentas sobre los pagos realizados por parte de las empresas y el uso de los ingresos fiscales provenientes de ese sector”.
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