Julio Chávez, diputado nacional por el estado Lara, Venezuela, consideró que las sanciones que pretende imponer el gobierno de Estados Unidos a Petróleos Venezolanos, S. A. (PDVSA) es una reacción ante la apertura y diversificación de mercados que ha propiciado el gobierno bolivariano de Hugo Chávez. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo que antes del inicio del gobierno de Hugo Chávez, en 1998, el petróleo venezolano era para venta “casi exclusiva y privilegiada a Estados Unidos y sus socios”, porque la élite política estaba asociada con los intereses de las grandes empresas transnacionales.
Explicó que con el gobierno de Chávez se inició una política internacional y de negocios que implica el respeto y la autodeterminación de los pueblos, expandiendo sus operaciones hacia diversos países y dejando atrás “el mercado casi exclusivo de Estados Unidos y sus aliados”.
Durante una entrevista en el matutino “El Bulevar con Pablo McKinney”, por CDN canal 37, el diputado Julio Chávez afirmó que ante la decisión del gobierno bolivariano de diversificar su comercio e inversión en la industria petrolera con todos los países, las élites provocaron un golpe de Estado al presidente constitucional en el año 2002 y una vez derrotado el golpe, iniciaron el sabotaje petrolero en el año 2003 que logró paralizar por completo las operaciones de PDVSA.
El diputado Chávez explicó que ante esa guerra abierta contra PDVSA y el pueblo venezolano, el presidente Chávez reaccionó recuperando la soberanía de esa empresa estatal y “desmontó la estructura mafiosa que controlaba PDVSA y que hizo un gran daño al comercio” petrolero de Venezuela.
Manifestó que superada esa etapa, Venezuela abrió negocios con todos los países y hoy en la Franja Petrolera del Orinoco hay empresas de 23 naciones, incluidos China, Inglaterra, Japón, Brasil, Irán, Francia, Argentina, Uruguay, entre otras.
El diputado Chávez estimó que ante el éxito de esta política de soberanía y libre negociación del petróleo de Venezuela con todo el mundo, el gobierno de Estados Unidos reacciona imponiendo sanciones al comercio del crudo con países y empresas norteamericanas, destinada a obstaculizar el esfuerzo por “ganar y suplir a nuevos socios”.
“Para nosotros la industria petrolera es una fuente de apalancamiento de los programas sociales que viene adelantando el gobierno”, dijo el diputado Chávez, quien agregó que “estamos invirtiendo más de 350,000 millones de dólares, desde que PDVSA es nuestra, en programas sociales”.
A eso se debe, explicó, que el gobierno venezolano haya acabado con el analfabetismo, el establecimiento de nuevas universidades, el programa de alimentación escolar, “que lleva alimentación de clase, a más de seis millones de niños en el país” y se invierte más del 10 por ciento del Producto Interno Bruto, que hasta el 1998 era de 1.5 por ciento.
“Esos recursos, que antes iban a los bolsillos de los capitalistas y de las empresas asociadas a los que gobernaron el país antes de la llegada del gobierno de Chávez, ahora se invierten en los programas sociales”, expuso el diputado Chávez.
Además de eso, afirmó el representante por el estado de Lara, hay un programa para entregar una computadora a cada estudiante y se han superado todas las Metas de Desarrollo del Milenio definidas por Naciones Unidas.
Agradeció la solidaridad del pueblo dominicano ante las sanciones de Estados Unidos a PDVSA y se comprometió a canalizar convenios que ha discutido con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Asociación de Productores de Leche, entre otros.
Asimismo, pidió al pueblo dominicano que continúe aprovechando los servicios médicos para operaciones de los ojos que hoy benefician a 1,200 dominicanos cada año e informó que va a comenzar un programa de asistencia para cardiología infantil que estará a disposición del pueblo a través de la embajada de Venezuela en el país.
Persecución a la prensa
Cundo se le preguntó si es cierto que el gobierno chavista es intolerante con la prensa de su país, el legislador recordó que el pueblo venezolano era víctima de la explotación y la represión al punto de que en 1989 hubo una rebelión popular contra las medidas adoptadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, asesorado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que dejaron un saldo de más de 5,000 muertes.
Explicó que posteriormente el coronel Hugo Chávez lideró un levantamiento militar en 1992 para acabar con las políticas neoliberales y represivas que lo catapultó como un líder popular que el pueblo estaba esperando para salir de la élite corrupta que estaba controlando el país.
“Cuando llega Chávez (al poder en 1998), la gente comienza a participar, a hacer justicia, lo que chocó con quienes tienen el control de los medios y el capital”, expresó el diputado Chávez.
Dijo que “esa gran mayoría de venezolanos perseguidos y excluidos tenían una expresión en un gobierno como el de Chávez y las élites reaccionaron”, provocando “n enfrentamiento de clases, aunque en paz” que aun se mantiene.
El diputado venezolano manifestó que hay banqueros que se robaron el ahorro del pueblo, que tuvo que pagar el gobierno a los ahorristas, que son buscados por la justicia, pero que como propietarios de medios de comunicación reaccionan diciendo que Hugo Chávez los persigue por el ejercicio del periodismo.
No obstante, emplazó a quienes critican a Chávez a que prueben si hay algún medio cerrado o un periodista detenido por su derecho a la información.
En el caso de Radio Caracas Televisión (RTVC), Chávez informó que aunque patrocinó abiertamente el golpe de Estado de abril de 2002, el gobierno de Chávez no la persiguió, aunque admitió que cuando se le venció la concesión, el Estado decidió no renovarla porque había violado la Ley de Responsabilidad Social de Medios.
Citó además el caso de Globovisión, que es un crítico abierto del gobierno de Chávez y emite libremente sus críticas, pero su dueño, es perseguido por la justicia en una investigación de estafa en el sector financiero.
El empresario Nelson Mezerhane, refugiado en Estados Unidos, uno de los accionistas de Globovisión, es reclamado por la justicia venezolana en el marco de una investigación de un fraude que podría superar los 2,900 millones de dólares.
Las empresas financieras de Mezerhane son el Federal Banco de Inversión, la sociedad mercantil Federal Fondo del Mercado Monetario, el Banco Hipotecario de Inversión Turística de Venezuela (Inverbanco) y la sociedad mercantil Caney.
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