La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas y con modificaciones, el proyecto de ley de regulación salarial del Estado Dominicano, en la que se deja fuera al Congreso Nacional de una parte del marco de regulación de esta normativa.
El proyecto, propuesto por el presidente del Senado, Reinaldo Pared, y el senador José María Sosa, fue aprobado con 139 votos a favor, y diez en contra, por lo que será reenviado al Senado.
Los funcionarios que nombre el presidente Danilo Medina el próximo 16 de agosto quedarán regidos por esta ley. Los diputados agregaron un párrafo al artículo 26 del proyecto que dice: “El Congreso se regirá por su propia ley”. Esto significa que los legisladores podrán seguir recibiendo los viáticos y otros beneficios económicos por participar en comisiones, secciones y otras actividades propias de sus funciones.
Esto a pesar de que el artículo 26 del proyecto prohíbe la concesión de beneficios e incentivos a todos los funcionarios o empleados públicos como resultado de gestiones administrativas que se encuentren en el ámbito de su competencia. El proyecto propone que el Presidente de la República podría ganar un salario de hasta 450 mil pesos mensuales y 400 mil para los demás poderes; o sea, los presidentes del Senado, Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional. Igual salario devengará el Vicepresidente de la República. Los presidentes del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral (JCE) ganarán 375 mil, mientras el de la Cámara de Cuentas, 350 mil. Los ministros, el Procurador General, el Consultor Jurídico y el Contralor de la República hasta 300 mil y el Defensor del Pueblo, una figura aún no instalada en el país, 250 mil cada mes.
El proyecto aprobado establece que las instituciones del sector público no podrán realizar pagos a sus empleados más allá del salario trece o bono navideño.
Con esto terminaría la práctica que se da en algunas instituciones y hasta ayuntamientos donde se otorgan hasta 15 salarios por año. La pieza, que ya fue aprobada por el Senado el pasado jueves, prohíbe el pago de asesores, consultores, o por formar parte de un consejo directivo, junta, comisiones u órganos de decisión de una institución estatal. También prohíbe el uso de tarjetas de crédito, con excepción del Presidente y Vicepresidente de la República, y los presidentes del Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia, y de los órganos constitucionales.
OTROS BENEFICIOS CONTEMPLADOS
La pieza indica que los cargos de alto nivel contemplados en la Ley de Función Pública, los de poderes del Estado y de los organismos constitucionales, tendrán servicios de celulares, vehículo oficial, combustible, chofer, seguro de salud y de vida, seguridad personal, y otros que establezca el Presidente de la República mediante reglamento.
Los boletos aéreos y otros gastos en que incurran durante los viajes, deberán estar avalados por el MAP y la Contraloría. Los funcionarios tendrán gastos de representación hasta un monto equivalente al 15% de su salario, exceptuando a los presidentes de los poderes del Estado. Igualmente, asignación de combustibles hasta 10% de su sueldo.
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