Organizaciones de inmigrantes en España recabaron hoy apoyos de partidos políticos y sindicatos para tratar de frenar la reforma sanitaria planteada por el Gobierno español, que obligará a los "sin papeles" a pagar una cuota mensual si quieren acceder a una cobertura médica completa.
Quince asociaciones, representantes de inmigrantes ecuatorianos, dominicanos, peruanos y brasileños, entre otros, acordaron, además, un manifiesto conjunto contra el proyecto del Ministerio español de Sanidad, que retirará la tarjeta sanitaria a los residentes irregulares el próximo 1 de septiembre.
El documento, leído por el portavoz de Madres Dominicanas (VOMADE), Pedro Álvarez, señala que la nueva normativa sanitaria es la imposición de un "peaje" que viola derechos fundamentales, unas medidas "punitivas de la sinrazón" y un "retroceso" sin diálogo con el movimiento asociativo inmigrante.
Al mismo tiempo, añade el manifiesto, las medidas que se quiere adoptar son "imposibles" por la situación económica general, y de los irregulares en particular.
En respuesta a la solicitud de apoyo de las asociaciones, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el principal en la oposición, anunció hoy que estudiará la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad por vulneración de los derechos de las personas.
"La derecha española no debería copiar a la extrema derecha griega, que también está recurriendo a perseguir a los inmigrantes", declaró hoy a los medios de comunicación el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando.
El responsable socialista y la representante del sindicato UGT, Ana María Corral, se reunieron en Madrid con las organizaciones de inmigrantes y ofrecieron después una rueda de prensa conjunta.
En ella, Hernando indicó que en los próximos días se concretarían los términos del posible recurso y apuntó que sería 50 diputados o senadores socialistas los que lo presentarían.
Auguró que las medidas del Ministerio de Sanidad serán "ineficaces", no ahorrarán, sino que se colapsarán los servicios de urgencia; "injustas" porque se abocará a la enfermedad a quien necesite atención, e "inmorales" porque atentan contra la dignidad de las personas.
La presidenta de honor de VODAME, Bernarda Jiménez, que llegó a España hace 26 años, señaló que los inmigrantes reclamarán sus derechos "donde haga falta".
"España la hemos construido entre todos -subrayó- y ahora, en las malas, no puede ser 'el váyanse, que ustedes sobran'".
Recordó cómo ahora también los españoles van a trabajar a los países de origen de los inmigrantes, por lo que reclamó "igualdad de trato".
Rosario Sanabria, de ARI Perú, explicó que organizaciones como Médicos del Mundo o Amnistía Internacional los apoyan, y que un informe aprobado en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes concluye que ellos no usan más la sanidad pública que los españoles.
El Ministerio español de Sanidad anunció esta semana que los extranjeros que se encuentren en España y no coticen a la Seguridad Social tendrán que pagar una cuota mensual de 59,20 euros, y de 155,40 euros en el caso de los mayores de 65 años, si quieren tener una cobertura sanitaria completa.
Entre esos extranjeros se encuentran los inmigrantes "sin papeles", pero también los europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario español y a aquellos que durante su estancia en España quieran recibir esa cobertura total por el sistema público.
El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Moreno, precisó ayer que se atenderá a los que, estando en situación irregular, padezcan alguna enfermedad crónica, aunque el tratamiento lo deberá financiar el país de origen si existe un convenio de colaboración bilateral.
Si no existe, el inmigrante será atendido igualmente si el facultativo considera que hay un riesgo vital para su salud.
Desde que se dio a conocer la nueva norma, más de mil médicos españoles han manifestado hasta el momento su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que sean sus pacientes.
Alguna regiones de España como Cataluña (noreste) o Asturias (norte) han afirmado que también lo harán.
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