El Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico (PGASE), Moisés Ferrer, estima que los acuerdos del gobierno con las generadoras de electricidad han sido lo que más daños han causado al sistema eléctrico nacional ya que sólo perjudican al país en sentido general.
Dijo que no es posible que el Estado sea obligado a pagarle a ciertas generadoras por la capacidad instalada aunque no den el servicio eléctrico. Ferrer recordó que esta acción se produce cuando los generadores apagan sus plantas y cobran igual que si estuvieran ofreciendo el servicio para el que fueron contratadas.
A su juicio, esto constituye una gran estafa al erario público en beneficio de los generadores sin contemplar esta conducta inescrupulosa ningún tipo de consecuencia para los que saquean las arcas del Estado. Afirmó que “hay plantas apagadas porque están dañadas y cobran como si estuvieran encendidas.”
Ferrer emitió hoy un comunicado de prensa en el que afirma estar de acuerdo con lo expresado por el presidente Danilo Medina en el sentido de que se deben revisar los contratos firmados por Hipólito Mejía en Madrid durante el año 2002.
Agregó que en otras ocasiones sencillamente las apagan porque le resulta más rentable que prenderlas porque al igual “cobran como si estuvieran dando el servicio”.
Según Ferrer, otro mecanismo utilizado por los generadores para sacar sus plantas de servicio es supuestamente la falta de combustibles para, de esta manera, presionar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) a que pague un servicio que no han brindado.
“En fin son muchas las formas que tienen los generadores para timar al Estado Dominicano amparados en lesivos y leoninos contratos firmados en Madrid, comentó Ferrer.
El funcionario del Ministerio Público comentó que ese no es todo el problema en el sistema eléctrico nacional y, en ese sentido, señaló que el presidente Medina no mencionó un inconveniente no menos importante que lo constituyen las pérdidas técnicas y no técnicas.
Ferrer explicó que entre éstas cabe destacar el fraude eléctrico, el cual es cometido con complicidades que existen dentro de las empresas distribuidoras y las compañías subcontratistas.
Las pérdidas por fraude se sitúan en alrededor de un treinta y ocho por ciento 38% en detrimento del erario público.
Comentó que para solucionar el problema energético es necesario firmar un pacto serio entre todos los sectores involucrados de manera que la población salga gananciosa.
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