Presidente del Colegio de abogados justifica tipificar el sicariato en el país

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El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Diego José García, justificó la iniciativa de esa entidad de presentar un anteproyecto de ley al Congreso Nacional que procura la aplicación de sanciones ejemplares a las personas que se compruebe hayan incurrido en vicariato. Manifestó que en caso de ser aprobada una legislación en ese sentido, introducido al Congreso a través del senador Amable Aristy Castro, tanto el autor intelectual como el ejecutante de una muerte por encargo se les castigue con penas superiores a las contempladas en el Código Procesal Penal.

Entrevistado en el programa de televisión Diario de la Mañana, García destacó que constituye un absurdo que una persona contrate y pague a otra u otras para asesinar una tercera no reciba el castigo que amerita su ofensa a la sociedad.

“Consideramos que desde el punto de vista legal, si el Congreso aprueba una ley como la que sugerimos no estaría violando el Código Penal vigente, porque el propósito es dar respuesta a una situación nueva no contemplada desde el punto de vista jurídico”, sostuvo.

Indicó que el crimen organizado ha establecido una modalidad de acciones que preocupan a la sociedad, la que está en el deber de buscar medidas adecuadas para enfrentar esa situación, mediante la aprobación de una ley que condene a los responsables de participar en acciones de sicariato a una pena de 40 años.

El titular del CARD recordó que si actualmente se comprueba que una persona contrata otra para ultimar por paga a un(a) adversario(a), la pena contemplada en el Código Penal es de tres a cinco años de cárcel.

García rechazó que la propuesta legislativa del CARD se un plagio como denunciada el abogado John Garrido, al que reconoció su participación en el texto enviado al Congreso, “lo que está consignado en el anteproyecto entregado al senador Aristy Castro”.

Al respecto, dijo que a raíz del atentado perpetrado por el abogado y comunicador Jordi Veras, hijo del jurista Antonio (Negro) Veras, este último se quejó de la poca solidaridad del CARD con el caso.

Como responsable intelectual de este hecho las autoridades señalan al recluso Adriano Román, por lo que el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, instruyó a la fiscal de Santiago iniciar un proceso de incautación de los bienes de su propiedad.

Jordi Veras fue el abogado de la ex esposa de Román, Miguelina Llaverías, a la que habría intentado asesinar, logrando que el acusado fuera condenado a 20 años de prisión, lo que se señala como motivo para financiar el atentado.De otro lago, García dijo que el mandato del artículo 277 no soporta ninguna interpretación, en cuanto a las funciones que tendrá el Tribunal Constitucional, de revisar las sentencias evacuadas por cualquier organismo gubernamental o privado.

“Es posible que se tratara de un error del constituyente, al no establecer de manera precisa que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no serían sujeto de revisiones, como aprobó el Senado de la República”, dijo.