El espionaje telefónico del Gobierno de EE.UU. a la agencia de noticias AP ha puesto en pie de guerra a los medios de comunicación del país, que aducen que el Departamento de Justicia se excedió en sus poderes y exigen dé marcha atrás.
"El alcance de esta acción pone en tela de juicio la integridad de las políticas del Departamento de Justicia hacia la prensa", asegura una carta respaldada por más de 50 organizaciones y dirigida al fiscal general de Justicia, Eric Holder, y su adjunto, James M. Cole, quien supervisó la operación.
Los firmantes, entre ellos el diario The New York Times y Periodistas sin Fronteras, aseguraron que en los 30 años desde que se publicaron las pautas para lograr citaciones judiciales con las que obtener los registros de llamadas de periodistas no hay precedentes de "semejante extralimitación" y piden más protección para periodistas y fuentes.
"El que el Departamento de Justicia se sienta con el derecho de obtener secretamente registros telefónicos de decenas de periodistas es contrario a la libertad de prensa garantizada en la Primera Enmienda" de la Constitución, dijo en un comunicado Tony Mauro, presidente del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa.
La organización pide al Gobierno que entregue todos los registros telefónicos y destruya todas las copias o, al menos, prohíba el uso adicional de las mismas.
El Departamento de Justicia recopiló de forma secreta los registros de 20 líneas telefónicas correspondientes a abril y mayo de 2012, incluidas líneas de las oficinas de AP en Nueva York y Washington y teléfonos privados de periodistas de la agencia.
El Gobierno sostiene que esas medidas extraordinarias buscaban descubrir al responsable de una filtración "muy seria", que, según la versión oficial, "puso en peligro la vida de estadounidenses".
Se desconoce exactamente cuál es la filtración investigada, pero todo apunta a que se trata de una noticia publicada por AP en mayo de 2012, en la que informaba de que el Gobierno había frustrado un complot de la red terrorista Al Qaeda en Yemen para atentar contra un avión con rumbo a Estados Unidos.
Pero en una carta publicada este martes el presidente de AP, Gary Pruitt, señaló que la agencia esperó a publicar la historia hasta que el Gobierno confirmó que no había peligro para la seguridad del país.
"De hecho, la Casa Blanca se estaba preparando para anunciar que habían frustrado el atentado con bomba", destacó Pruitt, quien recordó que la agencia no compartía la opinión del Gobierno de que en mayo de 2012 no hubo una amenaza para los estadounidenses.
"Nuestra historia sugería otra cosa y consideramos que era una información importante y que el público merecía conocerla", dijo Pruitt.
El caso de espionaje marca un punto bajo en las ya tensas relaciones del Gobierno del presidente Barack Obama con los medios y ha llevado a algunos a comparar sus políticas con las de Richard Nixon (1969-1974).
"Esto recuerda a los esfuerzos del Gobierno de Nixon de cancelar las dos licencias de televisión del Washington Post como un castigo por investigar el Watergate (el escándalo de espionaje político que destapó el Post y costó la presidencia a Nixon)", señaló en un artículo hoy el analista del Instituto Poynter Al Tompkins.
El New York Times, por su parte, denunció en un editorial este miércoles el "esfuerzo para asustar a los 'whistle-blowers'", como se conoce a aquellos que denuncian de forma confidencial prácticas ilegales o corruptas en sus organizaciones.
Tom Rosenstiel, director ejecutivo del American Press Institute, que defiende los derechos contemplados en la Primera Enmienda, dijo a Efe que operaciones "tan amplias" como la emprendida contra AP tienen repercusiones a largo plazo.
"Esfuerzos extremos como este tienen repercusiones mucho más amplias que las que afectan a un caso concreto", manifestó Rosenstiel, quien cree que lo ocurrido puede disuadir a futuros "soplones" y hacer que a la prensa le resulte "muy difícil cumplir con su cometido de vigilar al Gobierno".
Es posible, dice Rosenstiel, que eso fuera lo que pretendía el Gobierno: "Puede que lo que quisieran es amenazar a los soplones dentro del Gobierno" para que sepan que les resultará difícil mantener el anonimato.
En medio del escándalo, Holder se limitó a decir hoy en una audiencia en el Congreso que tiene "fe" en los que dirigieron la operación de espionaje a AP y que desconoce los detalles porque se excluyó del caso por ser "un testigo de facto". DE EFE
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