Pide a los aspirantes a la Presidencia de RD detener los métodos ilegales de la PN, dotar de actas a los hijos de haitianos y recompensar a las víctimas por violación de género
Amnistía Internacional (AI) exhortó este miércoles a los candidatos presidenciales dominicanos a pronunciarse sobre el alarmante índice de homicidios y violaciones de derechos que comete la Policía, la violencia contra las mujeres y los abusos contra personas inmigrantes, específicamente de nacionalidad haitiana.
El llamado está contenido en una carta dirigida a los aspirantes presidenciales que participarán en las elecciones nacionales del 20 de mayo, firmada por Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional, que les pide, además, que respondan sus exhortaciones por escrito.
Entre una serie de recomendaciones, Amnistía Internacional sugiere la necesidad de impulsar una reforma exhaustiva de la Policía, el nombramiento de un defensor del pueblo y el resarcimiento en los casos de violencia de género, abusos contra inmigrantes, negación de documentos de identidad a dominicanos de ascendencia haitiana y desalojo forzoso.
“Las elecciones presidenciales ofrecen una oportunidad extraordinaria de examinar las dificultades a que se enfrenta la República Dominicana, incluida la cuestión de cómo proteger y promover mejor los derechos humanos", señala en su misiva a los candidatos presidenciales.
"Los derechos humanos no deben entenderse como una cuestión secundaria o aparte de los asuntos políticos y económicos cotidianos, sino como parte integrante y esencial de la sociedad dominicana" , planteó el representante del organismo dependencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Acusación contra la Policía
En el documento, Amnistía acusa a la Policía de cometer un alto índice de violaciones de derechos humanos que incluyen homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
El organismo de la ONU cuestiona los métodos policiales indebidos y señala que exacerban el problema de seguridad pública, al distanciar a gran parte de la población de la Policía y que de manera ilegítima se tome la justicia por su mano.
“Las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía suelen investigarse de manera inadecuada, por lo que muchos agentes responsables de ellas no comparecen ante la justicia”, cuestionó la entidad.
Amnistía Internacional sugiere que el presidente surgido de las elecciones del 20 de mayo debe garantizar que la Procuraduría General de la República ordene a todos los fiscales investigar exhaustivamente todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía.
El presidente debe iniciar también una reforma de la Policía que esté basada en los derechos humanos y que sea exhaustiva, para que incluya también los aspectos relativos a la contratación, ascenso e investigación de antecedentes de los agentes, la supervisión interna y externa de la uniformada y las condiciones de trabajo de los agentes.
También abogó por el nuevo presidente dominicano garantice que las víctimas y las familias de víctimas de violaciones de derechos humanos reciben reparación plena.
Entre otras sugerencias, Amnistía planteó a los aspirantes a la presidencia dominicana la adopción de medidas reparación a las víctimas por violencia de género, de abusos contra niñas y que se adopten programas de prevención.
Derechos haitianos
Amnistía Internacional cuestionó a la Junta Central Electoral, por su negativa a dotar de documentos de identificación a los hijos de haitianos nacidos en República Dominicana, que según afirma suman centenares de miles.
Con esa actitud, señala, se les niega el acceso a la educación, el empleo y los servicios de salud, así como el derecho al voto y la ciudadanía.
También acusó al Gobierno de no respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos al disponer la expulsión masiva de haitianos hacia su país, sin que los expulsados tengan medio de recurrir contra la decisión.
Desalojos forzosos
Según las ONG locales, entre enero y septiembre de 2011 se efectuaron al menos cien desalojos forzosos en todo el país, la mayoría sin el debido proceso ni consulta con las comunidades afectadas.
Los mismos se realizan, según las denuncias de ONG, para disponer de suelo para la construcción de infraestructuras, centros turísticos o complejos industriales.
Refiere el organismo que en varias ocasiones se ha tenido noticia de la existencia de víctimas, a veces mortales, por disparos de las fuerzas armadas durante el desalojo.
El llamado está contenido en una carta dirigida a los aspirantes presidenciales que participarán en las elecciones nacionales del 20 de mayo, firmada por Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional, que les pide, además, que respondan sus exhortaciones por escrito.
Entre una serie de recomendaciones, Amnistía Internacional sugiere la necesidad de impulsar una reforma exhaustiva de la Policía, el nombramiento de un defensor del pueblo y el resarcimiento en los casos de violencia de género, abusos contra inmigrantes, negación de documentos de identidad a dominicanos de ascendencia haitiana y desalojo forzoso.
“Las elecciones presidenciales ofrecen una oportunidad extraordinaria de examinar las dificultades a que se enfrenta la República Dominicana, incluida la cuestión de cómo proteger y promover mejor los derechos humanos", señala en su misiva a los candidatos presidenciales.
"Los derechos humanos no deben entenderse como una cuestión secundaria o aparte de los asuntos políticos y económicos cotidianos, sino como parte integrante y esencial de la sociedad dominicana" , planteó el representante del organismo dependencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Acusación contra la Policía
En el documento, Amnistía acusa a la Policía de cometer un alto índice de violaciones de derechos humanos que incluyen homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
El organismo de la ONU cuestiona los métodos policiales indebidos y señala que exacerban el problema de seguridad pública, al distanciar a gran parte de la población de la Policía y que de manera ilegítima se tome la justicia por su mano.
“Las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía suelen investigarse de manera inadecuada, por lo que muchos agentes responsables de ellas no comparecen ante la justicia”, cuestionó la entidad.
Amnistía Internacional sugiere que el presidente surgido de las elecciones del 20 de mayo debe garantizar que la Procuraduría General de la República ordene a todos los fiscales investigar exhaustivamente todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía.
El presidente debe iniciar también una reforma de la Policía que esté basada en los derechos humanos y que sea exhaustiva, para que incluya también los aspectos relativos a la contratación, ascenso e investigación de antecedentes de los agentes, la supervisión interna y externa de la uniformada y las condiciones de trabajo de los agentes.
También abogó por el nuevo presidente dominicano garantice que las víctimas y las familias de víctimas de violaciones de derechos humanos reciben reparación plena.
Entre otras sugerencias, Amnistía planteó a los aspirantes a la presidencia dominicana la adopción de medidas reparación a las víctimas por violencia de género, de abusos contra niñas y que se adopten programas de prevención.
Derechos haitianos
Amnistía Internacional cuestionó a la Junta Central Electoral, por su negativa a dotar de documentos de identificación a los hijos de haitianos nacidos en República Dominicana, que según afirma suman centenares de miles.
Con esa actitud, señala, se les niega el acceso a la educación, el empleo y los servicios de salud, así como el derecho al voto y la ciudadanía.
También acusó al Gobierno de no respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos al disponer la expulsión masiva de haitianos hacia su país, sin que los expulsados tengan medio de recurrir contra la decisión.
Desalojos forzosos
Según las ONG locales, entre enero y septiembre de 2011 se efectuaron al menos cien desalojos forzosos en todo el país, la mayoría sin el debido proceso ni consulta con las comunidades afectadas.
Los mismos se realizan, según las denuncias de ONG, para disponer de suelo para la construcción de infraestructuras, centros turísticos o complejos industriales.
Refiere el organismo que en varias ocasiones se ha tenido noticia de la existencia de víctimas, a veces mortales, por disparos de las fuerzas armadas durante el desalojo.
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