El Gobierno de Puerto Rico no ha avanzado durante 2011 en la mejora de la situación de los derechos humanos, dijo hoy a Efe el presidente de la sección para la isla caribeña de Amnistía Internacional (AI), Osvaldo Burgos.
El también abogado subrayó que, incluso, Puerto Rico ha sufrido un retroceso en el ámbito de los derechos humanos durante los doce últimos meses, tras participar en San Juan en la presentación del informe de Amnistía Internacional de 2011 para la isla caribeña.
Burgos señaló que la raíz del problema en Puerto Rico reside en la falta de un plan de promoción y protección de los derechos humanos, algo que dijo se ha reclamado al Ejecutivo local de forma reiterada desde la organización a la que pertenece.
Destacó que el nuevo informe revela que no ha habido mejoras en cuanto al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, un problema al que ya hacía referencia el texto de 2010.
"No ha habido mejoras en el tema de los abusos policiales", dijo Burgos, para quien Amnistía Internacional deja claro en el informe hoy presentado la falta de avances en ese campo en Puerto Rico.
El abogado resaltó que, a su juicio, la Policía se ha convertido para el Ejecutivo que encabeza el anexionista Luis Fortuño en un mecanismo de represión contra la población y que ya en 2010 el Gobierno trató de forma trivial las denuncias de Amnistía Internacional sobre ese asunto.
Denunció la discriminación de que son objeto, según su punto de vista, la comunidad inmigrante dominicana -unas 200.000 personas, cifra no oficial- y el colectivo lésbico, gay, bisexual y transgénero (LGBT).
Además, resaltó que es preocupante la dificultad que dijo impone el actual Ejecutivo para el acceso a la información en agencias y organismos gubernamentales.
"Se puede decir que, en general, vamos cada día en la dirección contraria al respeto de los derechos humanos en Puerto Rico", concluyó el presidente de la sección para la isla caribeña de Amnistía Internacional.
El informe de 2011 repite, prácticamente de forma textual, las denuncias del texto del año anterior, en el que se hacía eco de una huelga de estudiantes universitarios en San Juan con varios incidentes de uso excesivo de fuerza a manos de agentes del Departamento de Policía de Puerto Rico.
El texto se refería también a una comunidad de la localidad de Toa Baja, en el norte de la isla, poblada mayoritariamente por dominicanos y que carecía de acceso permanente a agua y suministro eléctrico. DE EFE
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