Una pareja de españoles jubilados se suicidó ayer tras recibir una orden de desahucio de su domicilio por impago bancario, justo el mismo día en que el Parlamento se comprometió por unanimidad a estudiar cambios en la rígida ley hipotecaria.
El matrimonio fallecido era un hombre y una mujer de 68 y 67 años respectivamente. Un hijo de la pareja encontró los cuerpos en su apartamento de Calviá, en las Islas Baleares. La policía cree que murieron por una ingesta masiva de medicamentos, dijo un portavoz de la Guardia Civil que habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado a revelar datos sobre suicidios.
Los agentes encontraron una nota manuscrita en la que la pareja explica que tomó la decisión de quitarse la vida por el temor a perder su casa. No se dieron detalles sobre el dinero que debían al banco.
Con este suceso son al menos cinco los casos confirmados de españoles que se han suicidado en el último año tras recibir órdenes de desalojo de sus viviendas.
El desempleo del 26% y la crisis económica han disparado los desahucios de familias desahuciadas porque no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas. Más de 350.000 personas --muchas de ellas inmigrantes-- han perdido su vivienda y los ingresos de media vida desde el comienzo de la crisis en 2008, según cálculos judiciales.
La problemática llegó al Congreso a través de una iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma Anti Desahucios (PAH).
Más de 1,4 millones de firmas, sobre las 500.000 necesarias, recogidas a pie de calle e internet fueron presentadas para estudiar una reforma de la ley hipotecaria española. Actualmente, las personas que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca son desalojadas, pierden el dinero invertido y la casa y teóricamente deben satisfacer la deuda pendiente con el banco.
El gobernante Partido Popular, que se oponía inicialmente a admitir la petición, anunció un cambio en el sentido de su voto y la cámara aprobó por una abrumadora mayoría de 334 votos a favor y una sola abstención tomar en consideración la iniciativa.
La reforma será debatida en el Parlamento a lo largo de los próximos meses, aunque la aprobación podría demorarse. Los representantes de la PAH piden, entre otras cosas, que el desahucio salde completamente la deuda con el banco.
En noviembre, el gobierno suspendió durante dos años los desahucios a familias con ingresos anuales de menos de 14.400 euros (18.400 dólares) después de impuestos y personas sin prestación por desempleo.
Pero la PAH, uno de los movimientos sociales más activos en los últimos meses, lo considera insuficiente.
"Estamos realmente satisfechos de ver que la movilización sirve, que estamos consiguiendo cosas. Pero esto es sólo una batalla", dijo Ada Colau, portavoz de PAH. "Ahora queda lo más importante: defender que no haya ningún tipo de reducción, que no se pervierta, que no se descafeíne la iniciativa, que se respete su espíritu".DE AP
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