Dieciséis años de una litis en los tribunales por la propiedad de los terrenos de Bahía de las Águilas han obstruido el desarrollo turístico de la zona de Pedernales, Barahona y Baoruco. Seis personas que aseguran ser propietarias de algunos predios de Bahía de las Águilas en la zona protegida de Pedernales justifican la supuesta propiedad de 3,208 hectáreas, 465 áreas y 422.5 centiáreas de esos terrenos, donde el Gobierno tiene la intención de desarrollar proyectos de desarrollo turístico, a pesar de que están dentro del Parque Nacional Jaragua.
Originalmente los propietarios de esos terrenos Patricia Báez Irso Victoria Lluberes, Ramón Emilio Revi, César Augusto Matos Gesni, Mantenimientos y Servicios Fernández, Fulvio Urbáez y Andrea Mercedes, Luis Adames Moquete, algunos de ellos vendieron a terceros sus propiedades que adquirieron mediante asentamiento del Instituto Agrario Dominicano, y que posteriormente obtuvieron su título de propiedad definitivo en un procedimiento establecido por el IAD.
Ahora los terrenos serán puestos en manos de una institución financiera privada para que los venda a los promotores de proyectos, y los beneficios económicos obtenidos de la venta serán repartidos entre el Estado y los propietarios de los terrenos.
Previo a esa venta, el Estado y los propietarios de los terrenos que obtuvieron sus títulos definitivos deberán realizar un acuerdo transaccional que deberá ser homologado por un tribunal.
Las parcelas son 215-A y 40; 215-A-47 y 215-A-48, 215-A-65, 215-A-47, 215-A-39, 215-A-41 del distrito catastral número 3 de Enriquillo y número 3 de Barahona.
El proceso se inició en 1997, cuando los imputados fueron enviados a juicio el 17 de junio de 2003 por la entonces jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Esther Agelán Casasnovas.
De igual modo, la ahora magistrada de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia emitió un auto de no ha lugar a favor de Puro Pichardo, Vicente Guzmán Tatis, Nelson Oleaga, Marcos Marte, Eddy del Orbe, Arelis Colón, Miguel Nelson Fernández y Arturo José Cuello.
En el caso también estaba involucrado el fenecido empresario Moisés Marchena Arredondo, quien murió en la cárcel de La Victoria. Estos habían sido terceros adquirientes.
Esa decisión fue recurrida por el Ministerio Público y tuvo el Segundo Tribunal Colegiado, Sarah Veras, Teófilo Andújar e Ingrid Soraya, que declarar extinguida la acción penal, tomaron la decisión en virtud de que el proceso llevaba más de 15 años y las autoridades persecutoras no habían reformulado los cargos ni sustentado la acusación.
Previo a dar su veredicto el juzgado intimó a la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) y a la Fiscalía del Distrito Nacional a formular la acusación.
La extinción de la acción penal favoreció al exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán; su esposa Reyna Margarita Martínez y su hermano Rafael Rodríguez, acusados de la expropiación de miles de tareas de playa en el Parque Nacional Jaragua, Pedernales y en Cabarete, Puerto Plata.
Durante la gestión del entonces procurador general Víctor Cespedes, el Estado renunció, con todas sus consecuencias legales, a la querella con constitución en parte civil en contra el exdirector del IAD Rodríguez Guzmán, su hermano Rafael Rodríguez Guzmán, el dirigente político Puro Pichardo, el exregistrador de Títulos de Barahona Luis Ramírez Suberví; el notario Arturo José Cuello, el fallecido empresario Moisés Marchena Arredondo, Miguel Nelson Fernández Mancebo, Harold Angelino Payano, Luis Yépez Féliz, Simón Jiménez, Geovalina González Sánchez y el ex administrador de Bienes Nacionales Carlos Eligio Linares.
Zona ecológica
Bahía de las Águilas es una depresión costera con una de las mejores playas de la isla, además de constituir una de las principales áreas para el turismo ecológico.
En el gobierno de Salvador Jorge Blanco fue declarada zona de conservación ecológica, pero en uno de los mandatos de Joaquín Balaguer fue distribuida en parcelas a supuestos campesinos de la Reforma Agraria, quienes vendieron los terrenos a terceros. “Pero esos son bienes intransferibles”, apuntó Brito.
La Ley de Medio Ambiente declara esa zona como área protegida, pero durante su gobierno Hipólito Mejía decidió emitir un decreto declarándola de utilidad pública.
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