Procurador y funcionario PR "analizan" Caso Agosto

SANTO DOMINGO.- Dar seguimiento al expediente del supuesto capo del boricua, José David Figueroa Agosto y el combate a la criminalidad fueron dos de los temas tratados por el procurador general Radhamés Jiménez y el ministro de Justicia de Puerto Rico, Guillermo Somoza Colombani, quien se encuentra en República Dominicana.
Al recibir en su despacho al funcionario puertorriqueño, Jiménez dijo que la coordinación entre ambas autoridades abarca también, el fortalecimiento de la cooperación jurídico internacional, intercambio de experiencias en las buenas prácticas penitenciarias tanto dominicanas como puertorriqueñas así como la atención a todo tipo de violencia, en especial a la de género, haciendo hincapié en la que se manifiesta en contra de menores y envejecientes.

Expresó que han contemplado, además, compartir experiencia en el área de la formación y capacitación del personal del Ministerio Público y penitenciario.

Explicó que fiscales del país acudirán a recibir formación a la escuela de entrenamiento de la isla, mientras, sus colegas puertorriqueños vendrán a la Escuela Nacional del Ministerio Público de la República Dominicana.

“La experiencia reciente ha demostrado que la creación de estos espacios de cooperación se constituyen en herramientas fundamentales para que nuestras instituciones que tienen la responsabilidad de combatir el crimen puedan resultar eficaces en sus acciones de persecución”, expresó Jiménez.

Citó que el caso Figueroa Agosto es la prueba más fehaciente de la cooperación jurídica internacional.

En el encuentro participaron los procuradores generales adjuntos Frank Soto, director nacional de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja, y Roxanna Reyes, de asuntos de la Mujer.

En tanto que, el Ministro de Justicia de Puerto Rico estuvo acompañado de Rolando Rivera, director ejecutivo de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.

Somoza agotará en el país una serie de actividades, entre ellas visita a jueces de la Suprema Corte de Justicia, las fiscalías del Distrito Nacional y de la Provincia Santo Domingo, la Escuela Nacional del Ministerio Público y Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia, entre otras entidades.