Managua (dpa).- Unos 3,4 millones de nicaragüenses podrán acudir el domingo a las urnas, en un ambiente marcado por denuncias contra el tribunal electoral y la "ilegal candidatura" del favorito en la contienda, el presidente Daniel Ortega, que busca su reelección para otros cinco años de gobierno a partir de 2012.
La población votará en 12.985 juntas receptoras de votos (jrv) situadas en los 153 municipios de las 15 provincias y las dos regiones autónomas, para elegir un presidente, un vicepresidente, 90 diputados para el Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano.
Cuatro alianzas y un partido político compiten por el poder, pero el favorito según las encuestas es el actual presidente Daniel Ortega (48 por ciento), inscrito por el Consejo Supremo Electoral (CSE) pese a una expresa prohibición de la Constitución vigente.
Ortega, de casi 66 años, gobernó de 1985 a 1990 y volvió al poder en 2007. La ley fundamental impide ser presidente más de dos veces y en dos períodos continuos, pero una reciente sentencia judicial dispuso que tal precepto era "inaplicable" para el ciudadano Ortega.
En segundo lugar en los sondeos (33 por ciento) se ubica el empresario radial Fabio Gadea, de la alianza PLI, que ha cuestionado la legalidad de Ortega y del mismo CSE, cuyos magistrados siguen en sus cargos aunque sus períodos vencieron hace más de un año.
Los menos favoritos son el ex presidente liberal Arnoldo Alemán, condenado por corrupción (7 por ciento) y dos políticos ligados al liberalismo que apenas son mencionados en las encuestas.
Las elecciones serán supervisadas por un centenar de observadores de la Unión Europea (UE) y 65 de la Organización de Estados Americanos (OEA), acreditados tardíamente por el tribunal electoral.
El CSE no inscribió a los tres organismos de observación nacional (Instituto para la Democracia, Etica y Transparencia, y Hagamos Democracia), todos críticos del gobierno. No obstante, estos grupos anunciaron que desplegarán a más de 62.000 personas para vigilar la "transparencia" del proceso.
El embajador de la UE para Centroamérica, Mendel Goldstein, informó que sus observadores "han tomado nota" de violentas protestas ocurridas en el norte del país por parte de campesinos que reclaman al CSE sus cédulas de identidad, indispensables para votar.
El presidente del CS, Roberto Rivas, prometió repartir a tiempo los documentos, pero la oposición lo acusa de haber favorecido con cédulas a simpatizantes de Ortega y negárselas a sus adversarios.
Por su parte, la misión de la OEA advirtió la existencia de "focos de tensión" que podrían empañar las elecciones a causa de situaciones anómalas que pidió al gobierno corregir "lo antes posible".
El jueves, un grupo de intelectuales, ex comandantes y ex oficiales del Ejército emitieron un pronunciamiento advirtiendo su temor de que la violencia se desate después de las elecciones.
"Vamos a estas elecciones con un presidente que se presenta a la reelección (pero está) inhibido por la Constitución", y "bajo la sombra del fraude realizado en las elecciones municipales de 2008", indicó el documento, firmado por los comandantes Henry Ruiz y Víctor Tirado, y las poetas Gioconda Belli y Michelle Najlis, entre otros.
La población votará en 12.985 juntas receptoras de votos (jrv) situadas en los 153 municipios de las 15 provincias y las dos regiones autónomas, para elegir un presidente, un vicepresidente, 90 diputados para el Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano.
Cuatro alianzas y un partido político compiten por el poder, pero el favorito según las encuestas es el actual presidente Daniel Ortega (48 por ciento), inscrito por el Consejo Supremo Electoral (CSE) pese a una expresa prohibición de la Constitución vigente.
Ortega, de casi 66 años, gobernó de 1985 a 1990 y volvió al poder en 2007. La ley fundamental impide ser presidente más de dos veces y en dos períodos continuos, pero una reciente sentencia judicial dispuso que tal precepto era "inaplicable" para el ciudadano Ortega.
En segundo lugar en los sondeos (33 por ciento) se ubica el empresario radial Fabio Gadea, de la alianza PLI, que ha cuestionado la legalidad de Ortega y del mismo CSE, cuyos magistrados siguen en sus cargos aunque sus períodos vencieron hace más de un año.
Los menos favoritos son el ex presidente liberal Arnoldo Alemán, condenado por corrupción (7 por ciento) y dos políticos ligados al liberalismo que apenas son mencionados en las encuestas.
Las elecciones serán supervisadas por un centenar de observadores de la Unión Europea (UE) y 65 de la Organización de Estados Americanos (OEA), acreditados tardíamente por el tribunal electoral.
El CSE no inscribió a los tres organismos de observación nacional (Instituto para la Democracia, Etica y Transparencia, y Hagamos Democracia), todos críticos del gobierno. No obstante, estos grupos anunciaron que desplegarán a más de 62.000 personas para vigilar la "transparencia" del proceso.
El embajador de la UE para Centroamérica, Mendel Goldstein, informó que sus observadores "han tomado nota" de violentas protestas ocurridas en el norte del país por parte de campesinos que reclaman al CSE sus cédulas de identidad, indispensables para votar.
El presidente del CS, Roberto Rivas, prometió repartir a tiempo los documentos, pero la oposición lo acusa de haber favorecido con cédulas a simpatizantes de Ortega y negárselas a sus adversarios.
Por su parte, la misión de la OEA advirtió la existencia de "focos de tensión" que podrían empañar las elecciones a causa de situaciones anómalas que pidió al gobierno corregir "lo antes posible".
El jueves, un grupo de intelectuales, ex comandantes y ex oficiales del Ejército emitieron un pronunciamiento advirtiendo su temor de que la violencia se desate después de las elecciones.
"Vamos a estas elecciones con un presidente que se presenta a la reelección (pero está) inhibido por la Constitución", y "bajo la sombra del fraude realizado en las elecciones municipales de 2008", indicó el documento, firmado por los comandantes Henry Ruiz y Víctor Tirado, y las poetas Gioconda Belli y Michelle Najlis, entre otros.
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