CD rechaza proyecto regular uso placas oficiales; dicen cambios del Senado discriminan legisladoras

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La Cámara de Diputados rechazó ayer el proyecto de ley y las modificaciones que regula el uso de las placas, porque las legisladoras advirtieron que las devolverían ya que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) había informado que por falta de recursos se les identificaría como “diputado” y no “diputada”.

La pieza fue sometida por el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, para su aprobación o ratificar las modificaciones, y ante la misma votaron en contra 118 diputados, de 119 registrados.

Previo al sometimiento de la pieza, el presidente de la Cámara Baja explicó que ese proyecto tiene años en el Congreso y que vendría a regularizar el desorden que existe en las placas oficiales.

“Hay placas oficiales que están en manos privadas; otras son portadas por vehículos de diferentes instituciones y hay vehículos que tienen placas que no están asignadas por Impuestos Internos”, precisó.

Anotó que el proyecto que modificó el Senado viene a cercenar los derechos de las mujeres, lo que calificó como una discriminación. “esa carta de Impuestos Internos es inaceptable. La posición que esgrimen no tiene razón de ser, debe ser rechazada, porque las placas de diputadas debe ser elaborada”.

El presidente de la Cámara de Diputados puntualizó, llamando a todos los diputados, en nombre del bloque del PLD, a dar un mensaje de rechazo a la iniciativa por la discriminación a las mujeres.

La congresista por Santiago, Altagracia González, al respecto dijo que “hay que darle honor a quien honor merece, cuando se gana una posición, y por eso devolví mi placa, porque soy diputada, y no diputado”.

En tanto, Eugenio Cedeño, PRD por La Romana, calificó como una mezquindad “y diría que hasta estupidez, alegar que por razones económicas no se pueden hacer esas placas, que cada cuatro años no sería un problema”.

“El proyecto se caerá si lo modificamos, pues ya ha ido dos veces al Senado, y retornó aquí”.

Minou Tavárez Mirabal, estimó como discriminatorio acoger las modificaciones que hizo el Senado, “y es lamentable la propuesta, y debe avergonzarse esa funcionaria de Impuestos Internos. Además, aprobar esa iniciativa sería inconstitucional, una violación de la Carta Magna en su artículo 39 numeral 13”.

Luisín Jiménez, del Bloque Institucional Social Democrática (BISD) dijo que Tavárez Mirabal se fue más profundo, rechazó que sea una vejación a las diputadas, que tienen su espacio en el país, “porque la cuota de la mujer en los partidos políticos es una discriminación a los hombres, y ningún hombre ha protestado”.Josefa Castillo, manifestó que debe romperse el maleficio y defendió el derecho constitucional, en su artículo, 39 numeral 3, que están exigiendo.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, cree que cada uno de los diputados para ganar una curul tiene muchos sacrificios, al tiempo que lamentó que los senadores no pudieran redactar la pieza con la paridad de género, y advirtió que jamás levantaría la mano para apoyar esa desigualdad tan grave como la citada.

Ramón Rogelio Genao, vocero del PRSC por La Vega, defendió el reclamos de las diputadas, mientras Nelson Arroyo, portavoz de la bancada del PRD, insistió que debido a la poca pluralidad que hubo en el Senado, se han cometen yerros innecesarios como el de marra .

“Las mujeres para alcanzar su trato igualitario han luchado y negarle esa prerrogativa sería darle un golpe”, apreció Arroyo.

Por otro lado, la Cámara de Diputados envió a la comisión de Justicia el proyecto que crea el Consejo Nacional de la Magistratura, y el que modifica la Ley Electoral para establece el voto de los dominicanos en el exterior y elegir los siete diputados de Ultramar, como lo establece la Constitución.

También fue remitido a la a comisión de Hacienda el contrato de préstamo firmado por 354 millones, 282 mil 988 dólares, destinado a la construcción de la presa de Monte Grande y la rehabilitación y complementación del embalse de Sabana Yegua.

Otros proyectos y resoluciones fueron enviados por la Cámara Baja a estudios en diferentes comisiones legislativas.