Denuncian juez liberó condenado muerte sicóloga

Familiares de la asesinada psicóloga Yanet López Reyes, hermana del periodista Oscar López Reyes, denunciaron que el Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo liberó irregularmente a uno de los implicados en el caso. Dijeron que el juez dispuso la libertad condicional de Junior Leonel Sánchez (Caco de Bala), condenado a 10 años de prisión. Los hermanos Nayet, Miriam, Josefina, Rafael, Oscar y Jorge López Reyes dijeron que el juez Rafael A. Báez García ordenó la liberación del recluso sin haber oído ni citado a los cinco querellantes ni a los seis abogados de la víctima.

“Causa extrañeza y suspicacia que la procuradora adjunto de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, licenciada Awilda Balbuena, no haya hecho ninguna objeción”.

Solicitan a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría General de la República “investigar las razones reales por las cuales ha ocurrido esta grave anomalía”.

Los abogados Neftalí de Jesús González Díaz y Naudy Tomás Reyes presentaron un formal recurso de apelación, solicitud de revocación de la resolución número 67-2013 y que se dicte orden de captura de Sánchez (Caco de Bala).

El periodista López Reyes dijo que está tomando las precauciones correspondientes, en vista de que el 16 de abril del 2009 depositó una denuncia en la Fiscalía del Distrito Nacional contra “Caco de Bala”, que permitió desmontar la tercera trama criminal en su contra.

Según explicó, las tres tramas fueron orquestadas desde las cárceles de La Victoria y Najayo, así como desde Holanda, especialmente luego de que suministrara informaciones a la madre y dos hermanas (una de ellas senadora) del abatido senador Darío Gómez sobre la participación de esta banda en el asesinato de su hermana Yanet López Reyes y también de este senador representante de Santiago Rodríguez.

En su recurso, los abogados González Díaz y Reyes hacen referencia a la violación al derecho de las víctimas y sus derechos fundamentales, al debido proceso y a la tutela jurídica efectiva, contenido en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República.