El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) expresaron su preocupación por la forma en que ha sido tratado del proyecto de Presupuesto 2012 en las cámaras legislativas y al ser aprobado en primer lectura por los diputados piden cautela porque para su aprobación se requiere una mayoría de dos terceras partes.
El Conep reiteró que el proyecto no sólo contiene modificaciones expresas a varios artículos de la Ley Orgánica de Presupuesto, sino que establece un nuevo régimen presupuestario, distinto y sustancialmente contrario al establecido por dicha ley orgánica.
El Conep indicó que el Presupuesto 2012 modifica la ley orgánica cuando no se establece una desagregación a nivel de capítulos (instituciones centralizadas del gobierno) y partidas, como ordena el citado artículo 35 de la referida Ley Orgánica.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) observa que el Poder Ejecutivo proyectó una distribución de los recursos que afecta sensiblemente la autonomía financiera de los otros poderes del Estado y los órganos de control público, e ignora las prioridades de gasto en derechos sociales que deben realizarse en un Estado social y democrático de derecho como el que estipula el artículo 7 de la Constitución.
Finjus afirma que es necesario tomar en consideración que la Constitución de 2010 incorpora un conjunto de disposiciones que condicionan, tanto en la forma como en el fondo, la elaboración y aprobación del Presupuesto.
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