JCE advierte a defensores de haitianos que no jueguen
Aplicar la Ley de Migración ayudará a prevenir el ingreso ilegal.
SANTO DOMINGO. El presidente Leonel Fernández firmará al mediodía de hoy el Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración No. 285-04, que contempla reglas específicas para los indocumentados que viven en la República Dominicana.
Tras posponerse en dos ocasiones, siendo la última la semana pasada, el mandatario visitará la sede de la Dirección General de Migración para la rúbrica del documento, que también señala que a todo extranjero con permanencia en el país comprobada durante 10 años o más, se le podrá conocer el derecho a optar por la residencia permanente y ser dotado de un documento de identidad con validez por cuatro años.
Organismos civiles, ONGs y funcionarios extranjeros, como la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, presionan a la República Dominicana para que defina la situación migratoria de los indocumentados.
Justamente, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos convocó al país para a una audiencia temática para el 24 de octubre, acogiendo denuncias de movimientos domínico-hatianos sobre el perjuicio que acarrea la resolución 017-2007 de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la expedición de actas a favor de descendientes de extranjeros que nacen en el país y no han probado la residencia legal de los padres.
El presidente de la JCE, Roberto Rosario, dijo ayer que trabaja en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para presentar los documentos requeridos por Derechos Humanos. "Este es un tema que tiene muchos años. No se trata que de repente hemos descubierto que hay un país pobre donde hay gente sin identidad. Se trata de que por varias décadas había una desatención en el tema de la identidad y del registro de personas", afirmó.
Mano de obra
El reglamento también permitirá un mayor criterio a la hora de deportar y da plazos para regularizar la mano de obra extranjera.
Ayer, el director general de Migración, José Ricardo Taveras, se reunió con miembros de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) para revisar la situación de los inmigrantes en el área agrícola.
Osmar Benítez, vicepresidente de la JAD, resaltó que el 50% de la mano de obra en el sector arrocero y cafetalero es haitiana.
Afirmó que los inmigrantes operan en las mismas condiciones de los dominicanos y que aquellos que no pueden acceder a la seguridad social por su condición ilegal, son afiliados por entidades alternas.
Con esta última aseveración, rechazó que la República Dominicana esté presionada por la Unión Europea, en el renglón de producción bananera, por las condiciones laborales en que operan los cultivadores de este rubro, quienes en base a lo establecido en el Comercio Justo, deben acceder a beneficios como atención médica.
Atribuyó esa supuesta presión a mecanismos de otros países que ven a la República Dominicana como competencia en el sector bananero.
poca inversión
"La sociedad dominicana tiene que cuestionarse completa, comenzando por su autoridad. En primer lugar, aquí no se ha invertido adecuadamente en este tema; en segundo lugar, mientras la frontera no sea segura, y debidamente controlada, es imposible pensar que pueda haber un control del problema de la migración haitiana que no es migratorio, sino un drama humano que concierne a la comunidad internacional", dijo el director de Migración, José Ricardo Taveras.
Aplicar la Ley de Migración ayudará a prevenir el ingreso ilegal.
Tras posponerse en dos ocasiones, siendo la última la semana pasada, el mandatario visitará la sede de la Dirección General de Migración para la rúbrica del documento, que también señala que a todo extranjero con permanencia en el país comprobada durante 10 años o más, se le podrá conocer el derecho a optar por la residencia permanente y ser dotado de un documento de identidad con validez por cuatro años.
Organismos civiles, ONGs y funcionarios extranjeros, como la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, presionan a la República Dominicana para que defina la situación migratoria de los indocumentados.
Justamente, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos convocó al país para a una audiencia temática para el 24 de octubre, acogiendo denuncias de movimientos domínico-hatianos sobre el perjuicio que acarrea la resolución 017-2007 de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la expedición de actas a favor de descendientes de extranjeros que nacen en el país y no han probado la residencia legal de los padres.
El presidente de la JCE, Roberto Rosario, dijo ayer que trabaja en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para presentar los documentos requeridos por Derechos Humanos. "Este es un tema que tiene muchos años. No se trata que de repente hemos descubierto que hay un país pobre donde hay gente sin identidad. Se trata de que por varias décadas había una desatención en el tema de la identidad y del registro de personas", afirmó.
Mano de obra
El reglamento también permitirá un mayor criterio a la hora de deportar y da plazos para regularizar la mano de obra extranjera.
Ayer, el director general de Migración, José Ricardo Taveras, se reunió con miembros de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) para revisar la situación de los inmigrantes en el área agrícola.
Osmar Benítez, vicepresidente de la JAD, resaltó que el 50% de la mano de obra en el sector arrocero y cafetalero es haitiana.
Afirmó que los inmigrantes operan en las mismas condiciones de los dominicanos y que aquellos que no pueden acceder a la seguridad social por su condición ilegal, son afiliados por entidades alternas.
Con esta última aseveración, rechazó que la República Dominicana esté presionada por la Unión Europea, en el renglón de producción bananera, por las condiciones laborales en que operan los cultivadores de este rubro, quienes en base a lo establecido en el Comercio Justo, deben acceder a beneficios como atención médica.
Atribuyó esa supuesta presión a mecanismos de otros países que ven a la República Dominicana como competencia en el sector bananero.
poca inversión
"La sociedad dominicana tiene que cuestionarse completa, comenzando por su autoridad. En primer lugar, aquí no se ha invertido adecuadamente en este tema; en segundo lugar, mientras la frontera no sea segura, y debidamente controlada, es imposible pensar que pueda haber un control del problema de la migración haitiana que no es migratorio, sino un drama humano que concierne a la comunidad internacional", dijo el director de Migración, José Ricardo Taveras.
Aplicar la Ley de Migración ayudará a prevenir el ingreso ilegal.
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