Procurador general: vendrán grandes casos de corrupción

El procurador general de la República, Radhamés Jiménez, informó que continúa el proceso de fortalecimiento de todas las instancias del Ministerio Público para perseguir a los violadores de la ley, incluyendo a los corruptos de este y de cualquier otro período de gobierno.

Jiménez dijo que el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, dirigido por Hotoniel Bonilla, tiene abiertas varias investigaciones que definió como importantes para acudir a los tribunales.

El magistrado Hotoniel Bonilla y la Dirección de Persecución de la Corrupción están en ese proceso y creo que vendrán grandes casos que yo creo que él lo que busca es resultar exitoso a la hora de presentar esos casos y que es cuestión de tiempo, debemos darle tiempo, afirmó el procurador.

Entrevistado en el programa televisivo De la semana, que dirige Pablo McKinney, Jiménez estimó como un lapsus de Bonilla haber declarado que en el país no hay cárceles para los políticos.

“Los fiscales saben que tienen absoluta independencia siempre y cuando todas sus actuaciones estén apegadas a la Constitución y las leyes”, expresó el procurador, quien agregó que “lo mismo también vale para la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, por el contrario, cuenta con nuestro respaldo irrestricto, absoluto”.

Consideró que Bonilla, director de DPCA, “es una persona muy preparada, responsable, por eso nosotros lo hemos respaldado y lo seguiremos apoyando en todas aquellas acciones tendentes a reducir los niveles de impunidad. Pero hay cárceles para los políticos”.

Reveló que en la línea de fortalecer la persecución de la corrupción administrativa están en ejecución dos convenios con los gobiernos de España y Estados Unidos, así como un mejoramiento de la logística y el incremento del personal de la DPCA.

Ante la percepción de las personas de que no hay efectividad en la lucha contra la corrupción, Jiménez expresó que hay una nueva cultura de la investigación porque ahora es necesario disponer y documentar pruebas para poder tener éxito en el tribunal.

Manifestó que ha quedado para la historia la cultura de “tránquelo y bote la llave”, dando paso a “un nuevo proceso penal donde el ministerio público tiene que ser muy riguroso en los diferentes pasos porque a la hora de presentar cualquier acusación tiene que hacerla bien fundamentada porque de lo contrario esa investigación estaría condenada al fracaso un vez llegue a los tribunales”.

Jiménez afirmó que el fiscal “no puede estar a expensas del populismo penal, de que alguien señale que fulano se tomó aquello… tiene que recopilar pruebas y documentar esas pruebas”.

Independencia del ministerio público

Dijo que desde la vuelta al poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el año 2004, “hemos impulsado el proceso de modernización del ministerio público, creando un ministerio público de carrera, fortalecido después de la reforma constitucional, que está en trámite de aprobación la nueva ley orgánica del ministerio público y que solo está a la espera de que el Senado la apruebe y el Presidente la promulgue”.

A su juicio, eso significa “que ya contaremos con un ministerio público independiente, que el único funcionario designado por el Poder Ejecutivo es el procurador general de la República y la mitad de sus adjuntos respondiendo a la lógica de los ministros”.

Declaró que los demás “son de carrera y no pueden ser removidos bajo ninguna circunstancia a no ser que en el ejercicio de sus funciones cometieran algún tipo de falta grave, lo que significa que ese ministerio público es totalmente independiente en términos de sus actuaciones”.

Bienes incautados al narcotráfico

En otro aspecto, Jiménez defendió su propuesta de que se modifique un aspecto de la ley de lavado de activos para que el ministerio público también reciba parte de los beneficios de los bienes incautados al narcotráfico, porque a él corresponde dirigir esa lucha.

El procurador explicó que actualmente el artículo 33 de la ley antilavado establece distribuir los bienes definitivamente incautados de la manera siguiente: 50 por ciento a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), 35 por ciento al Consejo Nacional de Drogas (CND) y 15 por ciento para las ONG que trabajan en el tratamiento y rehabilitación de los adictos.

Señaló que en esa distribución “no se tomó en cuenta a la autoridad central, la que dirige la política criminal del Estado y dirige la investigación, además la autoridad que tiene la responsabilidad y la guarda de los bienes incautados, que de acuerdo con el Código Procesal Penal y la Ley 78-03, el Estatuto del Ministerio Público, no solo tiene la responsabilidad, sino que es civil y penalmente responsable en el caso de que se produzca algún tipo de menoscabo o desaparición de algunos de esos bienes”.

Jiménez expresó que movido por un espíritu de igualdad y de justicia “estamos proponiendo –y la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil y del propio gobierno lo han entendido”- dar “25% a la DNCD, 25% ministerio público, 25% CND, 15% ONG y 10% a deportes. Es decir: 50% persecución y 50% prevención”.

“Es verdad, la DNCD necesita de esos recursos para su fortalecimiento, de su logística y aun apoyar más al ministerio público porque ellos son auxiliares del ministerio público”, reconoció el procurador general, pero aclaró que “si el ministerio público no puede dar seguimiento para que los procesos terminen bien en los tribunales, nunca tendrán nada. Nunca han tenido nada. La historia es que esos bienes se han diluido”.

Defendió que la Procuraduría General de la República, como órgano rector de la investigación, tiene que tener una cuota que estimule. Es un componente fundamental”, apuntó.