Denuncias sobre conspiraciones y escuchas telefónicas se han sumado en los últimos días a acusaciones de corrupción para elevar la temperatura de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo en República Dominicana.
"Realmente esta campaña ha dado un giro que no es nada beneficioso para el país, porque no se están discutiendo las propuestas. Ha dejado de ser una campaña negativa para convertirse en una campaña sucia", opinó en declaraciones a Efe el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en la República Dominicana, César Cuello.
A menos de un mes para los comicios, nuevos elementos entran en escena en esta fase de la contienda política, donde se decidirá el próximo presidente del país entre el oficialista Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el opositor Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Hay otros cuatro candidatos, pero las encuestas no les dan opciones y todo se dilucidará entre Mejía y Medina, quienes se encuentran en una situación de empate técnico en la intención de voto de los electores, según la mayoría de los sondeos.
Inmersos los partidos en la segunda parte de la campaña electoral, el PRD ha intensificado sus acusaciones contra el senador oficialista Félix Bautista, blanco preferido de sus ataques, al que ya acusó de aportar 1,2 millones de dólares al expresidente peruano Alejandro Toledo para su campaña en 2011, entre otras actividades de corrupción.
Las denuncias contra Bautista son esgrimidas ahora con más fuerza tras revelaciones periodísticas sobre la supuesta entrega al presidente haitiano, Michel Martelly, de 2,5 millones de dólares antes y después de su elección como presidente.
Frente a esta acusación, rechazada por la Presidencia haitiana, el Gobierno dominicano ha contraatacado con una denuncia, en este caso respaldada por el Ejecutivo del país vecino, sobre un plan urdido por un cercano colaborador de Mejía, Pedro Julio Guerrero ("Pepe Goico"), para desestabilizar al Ejecutivo de Martelly.
A ello se ha sumado la revelación de otra supuesta trama para matar al presidente del PRD y excandidato presidencial en 2008 Miguel Vargas Maldonado, hecha por diputados del partido considerados afines a él.
Hay quien ve en estas acciones la sombra de un oficialismo interesado en distraer la atención de las denuncias sobre corrupción y en agrandar las diferencias internas de la fuerza opositora.
"El propósito no era dividirlos, que ya lo están, sino hacerlos irreconciliables, que también lo son", escribía esta semana el columnista Orlando Gil en Listín Diario.
Ante este clima, César Cuello subrayó el llamamiento de la entidad que dirige a la sociedad "para que rechace esta campaña, que debe ir por un cauce que oriente a la sociedad y edifique la conciencia ciudadana, en vez de exacerbar odios y resentimientos".
Además, el experto subrayó un aspecto que consideró relevante en las recientes denuncias: el uso de escuchas telefónicas y su difusión pública.
"Se trata de un uso de mecanismos que no son lícitos para abordar un asunto", consideró al anotar que estas prácticas sólo pueden ser admisibles cuando están avaladas por una autoridad judicial.
Tal vez por eso el abogado Julio Cury, vinculado a Mejía, señala que estas grabaciones violan el derecho a la privacidad y hacen a sus autores "reos del delito de atentado contra la intimidad".
El jurista consideró que "ninguna de esas grabaciones tiene valor probatorio", a pesar de que, al menos en el caso de "Pepe Goico", según la Fiscalía, contaron con autorización judicial.
De todos modos, el debate sobre estas denuncias se ha centrado, más que en la legalidad de las escuchas, en el aspecto electoral; exactamente lo que se pretendía, según Cuello.
Las acusaciones "tienen una finalidad meramente electoral, porque esos personajes están actuando de una determinada manera todo el tiempo y a nadie se le había ocurrido hacerlo público hasta que se lanzaron a la campaña", dijo el director ejecutivo de Flacso.
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